El Ministerio del Interior movilizó en la madrugada de este miércoles a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para desalojar a los representantes sindicales y asociativos que permanecían encerrados desde la tarde anterior en la Secretaría de Estado de Seguridad. El encierro buscaba forzar el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación equiparable a la de las policías locales y autonómicas, después de que la secretaria de Estado, Aina Calvo, comunicara la ruptura de las negociaciones por la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre.
Ruptura de la mesa tras casi un año de reuniones
Representantes de JUPOL, SUP, UFP y de asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y otras) se encerraron de forma pacífica e indefinida en la sede de Amador de los Ríos tras una reunión de apenas media hora. Según las organizaciones, Aina Calvo les trasladó que el adelanto electoral “pone fin a la mesa de negociación” sin posibilidad de cerrar compromisos. Llevaban cerca de un año de contactos técnicos y promesas. “Una vez más hemos sido ninguneados y tirados a los pies de los caballos”, denunció posteriormente Aarón Rivero, secretario general de JUPOL.
Desalojo de quienes reclaman la profesión de riesgo
En la madrugada del 28 de octubre, la Secretaría de Estado activó a la UPR. Los encerrados (alrededor de 16) abandonaron el edificio de forma pacífica para no poner en un compromiso a sus compañeros de la UPR y evitar posibles expedientes por desobediencia u ocupación de edificio público, según relataron ellos mismos.
Rivero señaló que la decisión se tomó “porque lo siguiente hubiera sido, a lo mejor, una escena que no beneficiaría a nadie”. El propio sindicato JUPOL publicó en X que Marlaska había mandado a la UPR “para intentar desalojar a los legítimos representantes”.
Fuera del edificio, Rivero insistió en que no se detendrán: “No vamos a parar hasta que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesión de riesgo y tengamos las mismas condiciones de jubilación que todos nuestros compañeros” . Calificó de “ignominia” que el Gobierno no hubiera levantado otras ocupaciones mientras desalojaba a quienes reivindican derechos laborales históricos. El Ejecutivo ha indicado que retomarían el diálogo en la próxima legislatura; los sindicatos exigen respaldo jurídico inmediato para que no quede al albur de la voluntad política.
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