La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha decidido el archivo de la denuncia del general de la Guardia Civil Fernando Mora contra su superior por la orden recibida de no presentarse al acto del Dos de Mayo de 2025 presidido por Isabel Díaz Ayuso. El auto, fechado el 21 de julio de 2026, cierra la vía penal militar y deja en el aire interrogantes sobre el uso político de las instituciones de seguridad.
El archivo de la denuncia del general de la Guardia Civil deja sin respuesta la orden política
El archivo de la denuncia del general de la Guardia Civil Fernando Mora, general de división en la reserva, cierra un episodio que puso de manifiesto tensiones internas en el cuerpo. Según el auto de la Sala Quinta de lo Militar, los hechos se remontan al 30 de abril de 2025, cuando Mora recibió la instrucción de no acudir al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso. La denuncia, presentada el 22 de junio de 2026, atribuía al teniente general Luis del Castillo, entonces jefe del Mando de Operaciones, presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias.
Los magistrados rechazan la querella. Señalan que Mora “decidió grabarlo poniendo su teléfono en manos libres haciendo la grabación en el teléfono de su esposa”, donde quedó reflejado un “vocabulario y expresiones fuera de todo lugar”. El tribunal subraya el retraso: “Llama la atención a esta Sala que unos hechos que sucedieron el 30 de abril de 2025 no se denuncien hasta pasado más de un año, el 22 de junio de 2026”.
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En la resolución se interpreta que existió un “cruce de mensajes” por WhatsApp tras la negativa de Mora a excusarse sin motivo. El superior, según los jueces, “se limitó a comunicarle lo que le habían ordenado”. La llamada del denunciante se califica de “inadecuada, impertinente e irrespetuosa” al cuestionar la decisión del Ministerio del Interior. Las expresiones del teniente general, reconocidas como “groseras, chabacanas y soeces”, se circunscriben a un “ambiente de familiaridad y al trato de compañeros y en confianza”.
Este archivo de la denuncia del general de la Guardia Civil se produce en un contexto en el que la orden se vinculó, según la propia denuncia original, a una presunta instrucción política procedente de la Dirección General del cuerpo, entonces dirigida por Mercedes González, y del Ministerio del Interior. La decisión judicial evita examinar a fondo si aquella indicación respondía a criterios operativos o a un intento de restar presencia institucional a un acto presidido por la presidenta madrileña.
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La grabación y el retraso como argumentos centrales del auto
El núcleo del auto gira en torno a dos elementos: el método de grabación y el tiempo transcurrido. Mora contactó a su superior, activó el manos libres y registró la conversación en el dispositivo de su esposa. Los magistrados no cuestionan la autenticidad de las palabras, pero relativizan su gravedad por el tono de confianza entre mandos. Al mismo tiempo, destacan que el general esperó más de doce meses para formalizar la denuncia, circunstancia que consideran relevante para el archivo.
Resulta llamativo que una conversación en la que se transmite una orden de no asistir a un acto institucional de la Comunidad de Madrid se archive con la justificación de que el superior solo “comunicó” lo recibido. La cadena de mando militar implica obediencia, pero también responsabilidad sobre el origen de las instrucciones. Si la orden provenía del Ministerio del Interior, como se indicó en la propia comunicación, el debate no se agota en el tono soez de una llamada.
El archivo de la denuncia del general de la Guardia Civil deja sin esclarecer públicamente si existió una decisión política de restar solemnidad al Dos de Mayo de 2025. En aquel momento, varios medios de comunicación informaron de que la instrucción se atribuyó a la dirección del cuerpo y al departamento ministerial. La resolución judicial, al centrarse en la familiaridad del trato y en el retraso procesal, elude valorar el fondo de una posible instrumentalización de la Guardia Civil en el terreno institucional.
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Cabe recordar que el general Mora, según informaciones posteriores al auto, anunció su intención de recurrir la decisión. El recurso, de prosperar, podría reabrir el examen de los hechos. Mientras tanto, el archivo refuerza la percepción de que las instancias judiciales militares optan por la contención cuando se trata de órdenes que afectan a la relación entre el Gobierno central y una comunidad gobernada por una fuerza política distinta.
Consecuencias institucionales y el debate pendiente
Más allá del caso concreto, el episodio plantea una cuestión de mayor calado: el grado de independencia real de la Guardia Civil frente a directrices políticas. La orden de no acudir a un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso no fue una decisión operativa sobre seguridad, sino una instrucción de presencia o ausencia institucional. Cuando un mando superior transmite esa indicación y el tribunal posterior considera que no hay delito porque “se limitó a comunicarla”, se cierra la vía de control judicial sobre el uso de la cadena de mando con fines políticos.
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En un Estado de derecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben permanecer al margen de las luchas partidarias. El hecho de que la denuncia se archivara con argumentos formales —retraso y tono de la conversación— no elimina la sospecha de que existió una voluntad de restar visibilidad a un acto regional. La respuesta del sistema judicial militar ha sido el archivo. ¿Esa respuesta es suficiente o consolida una práctica de opacidad cuando las órdenes afectan a opositores políticos?.
El archivo de la denuncia del general de la Guardia Civil no borra la grabación ni el contenido de los mensajes. Solo declara que no constituyen delito. Esa distinción permite a unos celebrar el respeto a la disciplina interna y a otros denunciar una protección institucional del poder. El tiempo y los posibles recursos dirán si el asunto queda definitivamente cerrado o si vuelve a los tribunales con nuevos elementos. Mientras tanto, la decisión del Supremo deja constancia de un episodio en el que una orden política, transmitida con lenguaje soez y grabada por el receptor, terminó sin consecuencias penales.
