El celador de Olot, Joan Vila Dilmé, condenado a 127 años de prisión por asesinar a once ancianos, ha iniciado su proceso de transición de género y ya se encuentra en el módulo femenino del centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueres. El caso vuelve a poner sobre la mesa las graves consecuencias de la Ley Trans impulsada por Irene Montero.
Un asesino entre mujeres inocentes
Joan Vila Dilmé, de 61 años, trabajaba como celador en la residencia La Caritat de Olot cuando cometió los crímenes entre 2009 y 2010. La Justicia lo declaró culpable de envenenar a once personas mayores, en su mayoría mujeres, y le impuso la pena máxima posible. Desde 2010 cumple condena sin haber disfrutado de un solo permiso. Hace más de un año comunicó su intención de cambiar de sexo, adoptó el nombre de Aura (o Aída según otras fuentes) y comenzó un tratamiento hormonal. Ahora, ha sido trasladado al módulo de mujeres, donde convive con una treintena de reclusas.
Según fuentes penitenciarias consultadas por varios medios, el traslado se produjo tras obtener el beneplácito de la Generalitat y sin que ello modifique su condena ni su régimen. “Ya detalló durante el juicio en 2013 que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre”, recuerdan informes judiciales. El Departamento de Justicia catalán se niega a dar más detalles.
La hipocresía del feminismo de izquierdas
¿A quién le damos las gracias? A Irene Montero y a su Ley Trans, aprobada por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos en 2023, que permite la autodeterminación de género sin diagnóstico médico ni informe psicológico previo. La misma Irene Montero que se autoproclamaba abanderada del feminismo ahora facilita que un asesino múltiple entre en un espacio reservado para mujeres.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
“Esta norma no protege a las mujeres, las expone”, denunció en su día Vox, único partido que se opuso frontalmente a la ley y que sigue exigiendo su derogación. Mientras el Ejecutivo grita “feminismo” a los cuatro vientos, permite que un hombre condenado por matar a once ancianas comparta módulo con reclusas biológicas. Es un fraude de ley en toda regla y una bofetada a la seguridad de las mujeres. Con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus "fantásticas leyes" cada vez son más los casos como éste: El regalo del Supremo a tres violadores: ¿Dónde queda la víctima? | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
El drama de las familias y el riesgo real
¿Cómo estarán las familias de las once víctimas al conocer esta noticia? Han visto cómo el asesino de sus seres queridos, tras años de silencio, encuentra una vía para “reinventarse” y convivir con mujeres. El dolor se reabre.
¿Qué ocurrirá cuando este hombre, un asesino confeso, comparta espacios íntimos con reclusas? ¿Quién protege a esas mujeres? El debate es urgente: la ideología de género no puede estar por encima de la seguridad y la justicia. Abrir los ojos ya no es una opción, es una obligación.
