Mientras la Policía Nacional desarticula redes criminales que facilitan la entrada irregular de migrantes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez avanza en una regularización masiva que, lejos de ordenar el fenómeno, parece incentivar el caos. Esta política del Gobierno de izquierdas ignora las verdaderas dimensiones del problema y genera un trato discriminatorio hacia colectivos como los saharauis, todo ello en un contexto de colapso administrativo y sobrecarga del sistema.
Desmantelamiento de mafias frente a una regularización que multiplica el colapso
En las últimas semanas, la Policía Nacional ha golpeado con fuerza a las organizaciones que trafican con personas. Una operación detuvo a 24 individuos por favorecer la inmigración ilegal desde el norte de África hacia España. Otra red, integrada principalmente por brasileños y con ramificaciones en Portugal, fue desarticulada tras captar a más de 1.000 trabajadores de Colombia y Perú mediante documentación falsa, contratos simulados y falta de protección laboral. Estos hechos demuestran que la mayoría de los flujos irregulares responden a estructuras criminales organizadas, no a migraciones espontáneas por razones humanitarias.
Sin embargo, el Gobierno persiste en su regularización extraordinaria aprobada en abril de 2026, que oficialmente beneficiaría a unas 500.000 personas llegadas antes del 1 de enero de 2026 con al menos cinco meses de estancia y sin antecedentes penales. Fuentes independientes y registros sanitarios elevan la cifra real a entre 750.000 y 1,2 millones de potenciales solicitantes. Extranjería ya amenaza con una huelga indefinida ante el previsible colapso: se esperan cerca de 750.000 solicitudes que saturarán oficinas y retrasarán trámites. “La regularización masiva provoca un colapso que nadie puede gestionar”, advierten desde los funcionarios.
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Esta medida no soluciona la inmigración ilegal; la blanquea y la premia.
Discriminación a los saharauis: cobardía ante Marruecos
El real decreto excluye expresamente a los solicitantes de apatridia, un colectivo donde los saharauis representan alrededor del 90% de las más de 3.000 solicitudes registradas en 2025. El Consejo de Estado recomendó esta exclusión para evitar solapamientos normativos, pero voces críticas lo interpretan como un gesto para no molestar al sultán Mohamed VI. La diputada de Sumar Tesh Sidi denunció: “Es una política hecha a medida contra los saharauis, a petición de Marruecos”.
Mientras miles de migrantes de otras procedencias acceden a permisos de residencia y trabajo, los saharauis quedan atrapados en un limbo de tres años sin poder trabajar legalmente. Esta discriminación revela la debilidad del Gobierno frente al régimen marroquí, que utiliza la inmigración como arma de presión. El Ejecutivo de Sánchez, se muestra cobarde ante quien realmente controla las fronteras del sur.
Los “menas Erasmus” y el fraude que se extiende
Otro elemento inquietante es el auge de los llamados “menas Erasmus”: menores extranjeros no acompañados, principalmente de Marruecos y Argelia, que llegan con teléfonos de alta gama y ropa de marca, simulando abandono para que las comunidades autónomas asuman su tutela y, posteriormente, regularicen su situación. Operaciones policiales en Madrid, Cataluña, País Vasco y Murcia han detectado decenas de casos donde familias acomodadas “dejan” a sus hijos para que accedan a educación gratuita, vivienda y futuros permisos de residencia que faciliten la reagrupación.
Este fraude tensiona los recursos públicos destinados a verdaderos menores vulnerables y forma parte de la misma lógica: aprovechar las lagunas del sistema que el Gobierno amplía con su regularización. Hasta 20.000 menas y extutelados podrían beneficiarse de la medida, según datos del Ministerio de Inclusión.
Pero el escándalo mayor llega desde Bruselas: la Comisión Europea ha advertido que un permiso de residencia español no otorga derecho a establecerse ni trabajar en el resto de la UE. El comisario Magnus Brunner fue tajante: “Si esa persona es hallada en situación irregular en otro país miembro, debe regresar a España”. Los papeles de Sánchez no valen en Europa: los devolverán
