El juicio contra Begoña Gómez no llegará al jurado en esta legislatura. La última comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado duró unos 45 minutos, sirvió para ratificar escritos y dejó el auto de apertura en el aire justo cuando el magistrado inicia diez días de vacaciones, a pocas semanas de jubilarse. La acusación popular insiste en 13 años de cárcel; el Ministerio Fiscal pide la absolución.
Trámite breve y una defensa anclada en lo procesal
En Plaza de Castilla, el letrado Jaime Campaner reiteró la inocencia de la esposa del presidente sin entrar en el «fondo» de los hechos y se concentró en «elementos procesales» y en supuestos «defectos» del escrito de la acusación popular. Pidió el sobreseimiento. El mismo criterio siguió José María de Pablo, abogado de Cristina Álvarez, asistente en Moncloa.
Hazte Oír mantuvo la apertura de juicio oral y 13 años para Gómez y seis para Álvarez por presunta malversación. La causa gira en torno a la cátedra que Gómez codirigió en la Complutense y a las funciones de Álvarez en el complejo presidencial. La Fiscalía, de nuevo, solicitó que ambas queden absueltas. Ese contraste —pena máxima desde la acusación particular y archivo desde el Ministerio Público— alimenta la sospecha de que el aparato del Estado protege al entorno de Pedro Sánchez, en la misma línea que otras tramas que ya han salpicado a Moncloa, como la de Koldo y los contratos en Baleares.
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Peinado retrasa el auto y se marcha de vacaciones
El instructor no envió todavía la causa a juicio. Se ampara en la Ley del Jurado, que le permite demorar como máximo tres días la decisión tras la audiencia preliminar. Este miércoles empieza un periodo vacacional de diez días. El 27 de septiembre cumple 72 años y debe jubilarse.
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Campaner pidió aplazar la cita por otros señalamientos. Peinado lo rechazó en un primer momento, invocó la «buena fe procesal» y advirtió de que, de no celebrarse el martes, la nueva fecha quedaría «indefinida». El abogado acabó compareciendo a las 19:15. No se acordaron medidas cautelares.
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El juicio contra Begoña Gómez, después de las urnas
Cerrada la instrucción, el auto —si se dicta— irá a la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes jurídicas citadas por El Debate sitúan el arranque «no antes del verano de 2027» y el titular de esa información apunta a diciembre de 2027, tras las elecciones. Gómez se sentará, en su caso, ante un jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Ese desfase temporal no es un detalle menor: el banquillo de la esposa del presidente quedaría fuera del ciclo electoral inmediato, mientras el Gobierno parece seguir controlando la Fiscalía y el relato.
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