La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido al juez Santiago Pedraz un informe en el que detalla presuntas presiones a la UCO anteriores a las informaciones reservadas abiertas tras la filtración de correos de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Según el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el entonces director general Leonardo Marcos habría ordenado en julio de 2024 que un informe sobre el caso de David Sánchez concluyese «que no había nada». Marcos y Mercedes González figuran como imputados por estas presuntas actuaciones.
Reunión del 12 de julio de 2024 en la Dirección General
El documento de la UCO sitúa los hechos en la tarde del viernes 12 de julio de 2024. El jefe de la unidad fue convocado a una reunión en la Dirección General de la Guardia Civil a la que asistieron Marcos, el DAO Manuel Llamas y el general JPJ. En ella, el director se refirió a una noticia de ABC sobre una solicitud de la UCO a la jueza Beatriz Biedma y calificó el oficio de «malintencionado y prospectivo».
Según trasladó el jefe de la UCO al responsable del DIECAN, Marcos se mostró vehemente y ordenó que el informe, que los propios investigadores habían propuesto a la magistrada de Badajoz, estuviera listo el viernes siguiente.
Orden expresa de que el informe concluyese «que no había nada»
La UCO recoge que Marcos exigió que el documento concluyese «que no había nada». Estos extremos se comunicaron con preocupación a los jefes de grupo el lunes 15 de julio. El escrito justificaría este repaso porque ayuda a entender las posteriores informaciones reservadas abiertas por la inclusión de correos de Sánchez y Gómez en anexos del caso, correos que, según la UCO, carecían de relevancia para la causa y que, tras publicarse, se llenaron de mensajes amenazantes y enlaces maliciosos.
Estas presiones a la UCO se produjeron meses antes de aquella filtración y se enmarcan en las investigaciones que afectan al entorno del presidente.
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Contexto de las cloacas y la versión de los investigados
Posteriormente, en otra reunión, el DAO Manuel Llamas (también imputado) pidió presuntamente a la UCO «ponerse de perfil» en los asuntos que afectaban al Ejecutivo y su entorno, en el sentido de no proponer diligencias por iniciativa propia y limitarse a cumplir las órdenes judiciales. Llamas habría señalado que «nos usan como ariete» contra el Gobierno.
Marcos ha negado anteriormente estas atribuciones ante Pedraz. La instrucción sigue abierta en la causa de las cloacas del PSOE.
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