Este lunes, el panorama judicial español centra su atención en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. El magistrado Arturo Zamarriego ha citado a declarar en calidad de testigos al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.
La comparecencia se enmarca en la investigación contra la exmilitante socialista Leire Díez, quien está siendo procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según las pesquisas, Díez habría buscado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil a cambio de supuestos favores.
Puntos clave de la jornada judicial:
Reuniones en la sede del PSOE: Se investigan al menos dos encuentros ocurridos en abril de 2024 en la sede de Ferraz, en los que habrían participado Cerdán y Hernando (este último, en su etapa como director adjunto del gabinete de la Presidencia).
Otros implicados: El juez también ha citado hoy a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, quienes presuntamente también mantuvieron contactos con la investigada.
La defensa de Díez: La exmilitante sostiene que sus movimientos no tenían fines ilícitos.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
"Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado", detalla el sumario del caso.
Contexto de la investigación
La causa trata de dirimir si las gestiones de Díez con altos cargos del PSOE y empresarios formaban parte de una trama de influencias o si, por el contrario, se limitaban a una labor de recopilación de información para un proyecto literario.
La declaración de Cerdán y Hernando resulta crucial para esclarecer el contenido de dichas reuniones y determinar si existió algún tipo de ofrecimiento o petición irregular en el corazón de la estructura socialista. De igual forma, el magistrado ha decidido recientemente expulsar como acusaciones particulares al exjuez Manuel García Castellón y al empresario Víctor de Aldama, al considerar que no existe un perjuicio directo probado por las maniobras de Díez.
