La Audiencia Provincial de Granada ha dictado una sentencia que deja al descubierto las graves fallas del sistema judicial y sanitario en España ante los trastornos mentales graves. Una mujer ha sido condenada a 40 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario tras asfixiar a su hijo de seis años mientras dormía y prenderle fuego en su vivienda del barrio de La Chana. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de mayo de 2023, solo diez días antes de un desahucio por impago del alquiler.
Los hechos: un crimen atroz bajo un delirio persecutorio
Según la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, la acusada asfixió al menor en su cama, comprobó que no respiraba, lo trasladó al sofá del salón, lo roció con gasolina y le prendió fuego con un mechero. Después abrió las espitas de gas de la cocina para provocar una explosión. El incendio se extendió, obligando a la evacuación de vecinos. La mujer fue hallada semiinconsciente con quemaduras por inhalación de humo.
“Reconoció ante el tribunal que asfixió al menor mientras dormía, lo colocó en el sofá, lo roció con gasolina y le prendió fuego”, detalla la resolución. La Policía descartó cualquier implicación del padre, quien recibirá una indemnización de 180.000 euros.
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Esta tragedia no fue un acto impulsivo, sino un plan premeditado bajo un trastorno de ideas delirantes persistentes con creencias persecutorias. La madre estaba convencida, sin ninguna prueba, de que su hijo sufría abusos sexuales desde hacía más de tres años por parte de distintas personas. Había presentado denuncias que fueron archivadas. En su mente enferma, matar al niño era la única forma de “salvarlo”.
La sentencia: absolución penal por anomalía psíquica y medidas de seguridad
El tribunal aplicó la eximente completa de anomalía psíquica, absolviéndola de los delitos de asesinato (con agravante de parentesco) y de incendio. En su lugar, impuso 20 años de internamiento por el asesinato y 20 años por el incendio, con la obligación de que cualquier salida del centro psiquiátrico penitenciario cerrado requiera autorización judicial expresa. La sentencia es firme tras un acuerdo alcanzado antes del juicio con jurado popular inicialmente previsto.
Esta decisión plantea un debate profundo sobre la justicia en España: ¿es suficiente internar a la autora en un psiquiátrico cuando un niño inocente ha perdido la vida de forma brutal? Mientras la izquierda y ciertos sectores progresistas aplauden la “humanización” de la justicia, desde posiciones afines a VOX se critica que el sistema priorice el tratamiento del agresor sobre la protección real de las víctimas y la seguridad ciudadana. El padre del menor queda destrozado y la sociedad granadina, conmocionada.
En un país donde los recortes en salud mental y la ideología “inclusiva” han debilitado los mecanismos de prevención, casos como este evidencian la urgencia de reformas. No se trata solo de condenar, sino de detectar a tiempo estos delirios antes de que destruyan vidas inocentes.
Nuevo fracaso del sistema en la protección de la infancia
La custodia del niño estaba en manos de su madre, pese a las señales de alarma que debieron activarse. Denuncias archivadas, un desahucio inminente y un trastorno grave sin intervención efectiva. Este filicidio no es un hecho aislado; refleja la debilidad de unas instituciones capturadas por políticas blandas que anteponen los derechos del delincuente —o del enfermo— frente al derecho fundamental a la vida de los más vulnerables.
La izquierda y el PP han fracasado por igual en reforzar los protocolos de detección de riesgos en familias con problemas psiquiátricos. Solo una visión firme y sin complejos, como la defendida por VOX, puede exigir controles reales, atención psicológica obligatoria y prioridad absoluta a la protección de los niños.
