En el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez mostró una desconexión absoluta con la realidad que viven millones de españoles. Frente a las críticas a su plan de regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares, el presidente se preguntó en voz alta por qué se rechaza reconocer derechos a quienes “contribuyen al crecimiento económico”. Sus palabras, pronunciadas el 22 de abril de 2026, revelan no solo ignorancia, sino un proyecto ideológico que amenaza con colapsar definitivamente el Estado del Bienestar.
La incomprensión presidencial ante la crisis real
“¿Pero qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí y contribuye al crecimiento económico? De verdad, ¿Qué problema tienen?”. Con esta frase, Sánchez desestimó las objeciones de la oposición y de formaciones como Junts. Sin embargo, el problema no es reconocer derechos, sino el impacto descontrolado de una medida que llega cuando los servicios públicos ya están al límite.
La regularización extraordinaria aprobada por decreto afectará a medio millón de personas —cifra que puede superar el millón con reagrupaciones familiares— sin que el Gobierno destine un solo euro adicional a las comunidades autónomas para sanidad, educación o servicios sociales. España ya registra 1,2 millones de irregulares con acceso sanitario, según la memoria del Real Decreto 180/2026.
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Servicios públicos tensionados hasta el colapso
Los centros de salud, hospitales y colegios funcionan con listas de espera récord y personal insuficiente. La incorporación masiva de nuevos usuarios sin refuerzo presupuestario solo acelerará el deterioro. Esta medida tensará aún más la sanidad, la educación y la vivienda pública, recursos que ya operan al borde de la saturación.
Los españoles pagan la factura de una política que prioriza al extranjero sobre el vecino de al lado. Vox, único partido que defiende sin complejos el interés nacional, lo lleva denunciando desde hace meses.
La agenda fiscal que castiga al contribuyente
Sánchez ha protagonizado más de 100 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018, según análisis independientes. La regularización no será gratis: exigirá más gasto en prestaciones y servicios que terminará repercutiendo en los bolsillos de los españoles a través de nuevos aumentos fiscales. ¿De verdad Señor Sánchez, no lo entiende?
