El anuncio de Pedro Sánchez en Dubái no fue un discurso más del habitual chichinabo sanchista. Fue una declaración de intenciones con aroma a pólvora política que le puede explotar en las manos. Desde el atril de la Cumbre Mundial de Gobiernos, el presidente del Gobierno español soltó cinco medidas que, según él, van a transformar las redes sociales de “salvaje oeste digital” a “espacio sano y democrático”. La estrella del paquete: prohibir el acceso a cualquier plataforma social a los menores de 16 años. Obligatorio. Sin excepciones. Sin consentimiento parental que valga.
Y ahí empezó el ruido. Porque cuando un político dice “proteger a los niños” mientras anuncia herramientas de rastreo masivo, sistemas de “huella de odio” y responsabilidad penal para directivos de empresas extranjeras, mucha gente no escucha protección. Escucha control.
La jugada es vieja, pero efectiva. Se envuelve la intervención estatal en celofán de preocupación maternal y se lanza al ruedo. Nadie puede oponerse a salvar a los adolescentes de la pornografía, el bullying o la adicción sin quedar como un cínico o un irresponsable. Pero el paquete no se queda en la edad mínima. Va mucho más allá.
Primero, la prohibición a menores de 16. No es una recomendación ni una campaña de concienciación. Es una prohibición legal que obliga a Meta, TikTok, Snapchat, X, YouTube y el resto a implementar “sistemas efectivos de verificación de edad”. Nada de casillas donde el chaval pone que tiene 18. Barreras reales. Biométricas, posiblemente. Documentos. Facial recognition. Bases de datos cruzadas. Lo que haga falta.
Segundo, responsabilidad penal directa para los directivos de las plataformas. Si no retiran contenido ilegal o de “odio” con la rapidez que el Estado considere adecuada, los CEOs y altos cargos pueden acabar sentados en el banquillo. No multas corporativas. Cárcel personal. Es un cambio de paradigma: pasa de multar a la empresa a amenazar con esposas al que firma los balances.
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Tercero, tipificar como delito la manipulación algorítmica que amplifique contenido ilegal. Aquí entra el terreno pantanoso. ¿Quién decide qué algoritmo está “manipulando”? ¿Qué es amplificación deliberada? ¿Un feed que prioriza indignación porque así retiene usuarios o una decisión política de empujar cierto discurso? La línea entre moderación técnica y censura ideológica es fina, y la deja en manos de fiscales y jueces.
Cuarto, la joya de la corona para los que ven fantasmas autoritarios: un sistema de “huella de odio y polarización”. Rastreo, cuantificación y trazabilidad del discurso de odio en las redes. No se trata solo de perseguir delitos ya tipificados (amenazas, injurias, incitación al odio). Se quiere medir, etiquetar y exponer la “permisividad” de las plataformas ante mensajes que fomenten división social. Es decir: un observatorio estatal del discurso público digital. Con datos agregados, rankings de plataformas “malas” y, previsiblemente, presión para que moderen más agresivamente.
Más allá de lo obvio (una maniobra para consumo de la parroquia izquierdista fanatizada) estamos ante un líder agonizante que se ha propuesto echar un pulso al avance mismo de la tecnología a nivel planetario. En el mejor de los casos, vamos a un ridículo más en la ya de por sí imponente lista de ridículos de Sánchez desde que llegó al gobierno en 2018. En el peor escenario, España va a sumarse a los esfuerzos de Starmer sobre control de las redes, con la policía yendo a las casas a detener a la gente por un post en Facebook. Una vez, más (y ya hemos perdido la cuenta) esta gente pone a España en el lado equivocado de la historia.
