La industria española se enfrenta a una tormenta perfecta: el secretismo de Red Eléctrica sobre el último apagón, la asfixia del impuesto al plástico y un gasto en pensiones fuera de control que alcanza los 240.000 millones de euros. Un modelo de Estado que prioriza el gasto ideológico sobre la viabilidad económica y la transparencia.
Opacidad en el apagón: Iberdrola y Endesa exigen respuestas que Red Eléctrica oculta
Iberdrola y Endesa han presentado nuevos escritos ante la Audiencia Nacional para reclamar el acceso completo a 8.028 conversaciones telefónicas y 1.296 correos electrónicos intercambiados por técnicos y directivos de Redeia (Red Eléctrica) en las horas previas y posteriores al gran apagón del 28 de abril de 2025.
Estas compañías buscan esclarecer las verdaderas causas del colapso que dejó a oscuras la Península y poder reclamar indemnizaciones millonarias. Según los escritos, Red Eléctrica se niega a facilitar el material entregado a la Policía, alegando protección de la intimidad, secreto empresarial y seguridad nacional, lo que las eléctricas consideran un “secreto material encubierto” incompatible con el derecho de defensa.
“La negativa priva de efectividad al derecho de acceso, examen y copia”, argumenta Iberdrola, mientras Endesa subraya que estos documentos están directamente vinculados a los hechos investigados. Aunque la Policía descartó un ciberataque y el juez archivó la causa por terrorismo, las grabaciones revelan advertencias de técnicos sobre “oscilaciones en todo el sistema” y “variaciones muy grandes de fotovoltaica” con “pocos grupos con inercia”.
La opacidad de un operador controlado por el Gobierno socialista genera graves dudas sobre la gestión real del sistema eléctrico.
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El impuesto al plástico de Sánchez castiga sin piedad a la industria española
Un informe de Deloitte pone en evidencia el desastre económico provocado por el Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023. España es el único país de la Unión Europea que aplica esta medida, lo que ha disparado los costes operativos y administrativos en múltiples sectores productivos.
La recaudación ambiental alcanzó los 22.880 millones de euros en 2023, pero el resultado ha sido un fuerte aumento de importaciones desde Brasil, Arabia Saudí y Egipto (un 31,8% más en 2022, alcanzando 95.200 toneladas). Mientras, las empresas nacionales han sufrido caídas en ventas y producción de entre el 20% y el 30%.
El film estirable ilustra el problema: el coste medio nacional es de 2,27 euros por kilogramo frente a 1,19 euros en importaciones, una diferencia que representa entre el 25% y el 30% del precio final. Deloitte advierte de posibles fraudes en el reciclado declarado (hasta el 90% frente a un realista 30%) y de un aumento en envases mixtos más difíciles de reciclar.
Esta política verde ideológica no solo no protege el medio ambiente con eficacia, sino que destroza la competitividad de la industria española en beneficio de competidores extranjeros.
La bomba de las pensiones: 240.000 millones anuales que hipotecan el futuro de España
La revalorización automática de las pensiones según el IPC ha disparado el gasto en prestaciones contributivas, ingreso mínimo vital e incapacidad temporal hasta los 240.169 millones de euros en 2025, un 6,46% más que el año anterior. Los ingresos del sistema alcanzaron los 232.782 millones, dejando un déficit de 7.387 millones (0,4% del PIB).
Excluyendo transferencias del Presupuesto General, el déficit contributivo ronda los 60.000 millones. Las cotizaciones sociales cubren solo el 76% de los fondos, mientras las transferencias fiscales baten récords.
“Las continuas revalorizaciones de las pensiones en función del IPC, e incluso por encima en mínimas y no contributivas, son de largo el mayor desafío para las cuentas públicas en el medio y largo plazo”, recoge la información. El mecanismo de equidad intergeneracional apenas mitiga la presión que se avecina con la jubilación del baby boom.
Esta senda insostenible, impulsada por decisiones populistas, condena a las futuras generaciones a pagar una factura descomunal mientras el Estado gasta sin control.
