El descaro de un régimen que agota el tesoro público
La desfachatez de la dictadura venezolana ha alcanzado un nuevo nivel de cinismo. Nicolás Maduro, quien ha ostentado el control absoluto de las arcas de la nación durante más de una década, sostiene ahora que no dispone de patrimonio personal para costear su defensa jurídica. Esta afirmación surge en el marco de los procesos legales internacionales que acechan a la cúpula chavista. Sin el menor atisbo de vergüenza, el dirigente ha solicitado formalmente que se le permita utilizar el dinero de todos los venezolanos para sufragar a sus abogados privados, evidenciando que para la tiranía no existe distinción entre el bolsillo del jerarca y el presupuesto nacional. ¿Por qué no vende su Hublot Watch que vale más de 43 mil dólares?
La falacia de la falta de recursos en la cúpula chavista
Es harto conocido que el sistema judicial bajo el chavismo no es más que una extensión del poder ejecutivo. Sin embargo, al enfrentarse a tribunales externos, la narrativa cambia. Según fuentes cercanas al proceso, Maduro intenta victimizarse alegando una supuesta asfixia financiera. Como señalan los medios, esta maniobra busca blindar legalmente el uso de fondos estatales para fines particulares, una práctica habitual en regímenes que desprecian la propiedad privada y la transparencia. Esta casta comunista, que se llena la boca hablando del pueblo, no duda en desviar recursos esenciales para cubrir sus propias espaldas ante la justicia.
El silencio cómplice de la izquierda internacional
Mientras Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, su líder se preocupa por asegurar una defensa de élite financiada con dinero público. Esta situación no es aislada en la región, donde vemos escándalos constantes, como las recientes denuncias de acoso en el gobierno de Petro, que demuestran la degradación moral de la izquierda iberoamericana. Lula y Petro, los defensores de Maduro, atacan a Marco Rubio para salvar su eje del mal en Latinoamérica
Es imperativo que la sociedad reaccione ante lo que supone un robo a mano armada: pagar con los impuestos del hambre la impunidad de quienes destruyeron la nación. La justicia no puede ser cómplice de este desfalco institucionalizado que solo busca perpetuar el poder a cualquier precio.
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