El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se enfrenta a un grave escándalo sanitario tras confirmar que más de 2.000 mujeres han sufrido retrasos significativos, de hasta dos años en algunos casos, en la comunicación de resultados de sus mamografías dentro del programa de cribado de cáncer de mama. La polémica se centra en la falta de notificación a pacientes con resultados catalogados como "lesión posiblemente benigna", lo que ha provocado demoras en la realización de pruebas complementarias vitales.
El fallo: silencio tras resultados "Posiblemente benignos"
El problema, reconocido por la Consejería de Salud, reside en un error en el protocolo de comunicación. Mientras que los diagnósticos negativos y positivos sí se notificaban, las pacientes con lesiones "posiblemente benignas" podrían no haber sido informadas de que su caso requería supervisión médica y un seguimiento programado:
"La administración se ha percatado ahora de que en los casos en los que se detectan lesiones que son 'posiblemente benignas' las mujeres 'pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica'."
Muchas de estas mujeres abandonaron la consulta con la única indicación de que "las llamarían si algo iba mal", y ese silencio se prolongó durante meses o hasta dos años, según denuncian las afectadas. Este tipo de lesiones son benignas en el 98% de los casos, pero en el 2% restante pueden derivar en un diagnóstico de cáncer.
Consecuencias y vía judicial
Las consecuencias de estos fallos son dramáticas. La asociación Amama (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama) ha asegurado que existen "varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas de seguimiento. Una de las afectadas, Fali, relató su caso:
"Me han cortado el pecho. Si me hubieran llamado antes a lo mejor no me lo hubieran cortado entero, sino solo un trocito."
Ante la magnitud de los hechos, las pacientes afectadas se están uniendo para emprender acciones legales. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente, que sostiene que ha habido una "clara dejación de funciones" que ha puesto a las mujeres en "grave riesgo". Se estudian posibles delitos de "homicidio imprudente" y "lesiones imprudentes".
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Respuesta de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía ha pedido disculpas a las afectadas y se ha comprometido a revisar las mamografías realizadas en los últimos tres años, además de asegurar que se "depurarán responsabilidades". El Gobierno andaluz ha anunciado un plan de choque para resolver los retrasos y ha comenzado a contactar con las mujeres afectadas. No obstante, las asociaciones de pacientes exigen que se actúe con la máxima urgencia para garantizar que todas las mujeres sean evaluadas "ya" y que se esclarezcan las responsabilidades.
El escándalo por el retraso en la notificación de resultados de mamografías en Andalucía, que ha afectado a unas 2.000 mujeres, ha generado una fuerte exigencia de responsabilidades políticas, siendo la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, la principal demanda de la oposición y de diversas asociaciones.
Hasta el momento, ningún cargo del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha presentado su dimisión. La principal señalada, la consejera Rocío Hernández, ha descartado categóricamente dejar su puesto, argumentando que su deber es permanecer para solucionar el problema.
Respuestas del presidente y el entorno del PP
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido disculpas por los errores detectados en el programa de detección precoz. Sin embargo, su entorno ha cerrado filas en torno a la consejera. Fuentes del Ejecutivo andaluz han negado que Moreno esté valorando el cese de la consejera, señalando que:
"El presidente no va a cesar a la consejera de Salud... La consejería no está para cambios, sino para trabajar con más ahínco y determinación."
La estrategia del PP andaluz se centra en reconocer el error de gestión y proyectar una imagen de transparencia y acción para resolver la situación de las 2.000 afectadas, buscando minimizar el coste político del escándalo sin asumir dimisiones.
Presión política y ciudadana
A pesar de la negativa, la presión por las dimisiones es intensa:
La Oposición (PSOE, Vox, Adelante Andalucía, entre otros) ha exigido la dimisión inmediata de Rocío Hernández y, en algunos casos, la del propio Juanma Moreno por el "abandono" de la sanidad pública.
Sindicatos (como SATSE) y asociaciones de consumidores (FACUA) también han reclamado la dimisión de la consejera de Salud por una "falta de responsabilidad política" ante la gravedad de las demoras.
Las asociaciones de pacientes, como Amama, han anunciado que barajan presentar una demanda judicial colectiva, elevando el asunto a la vía penal, lo que podría obligar a depurar responsabilidades no solo políticas, sino también legales.
