La Oficina del Censo Electoral reconoce que, desde 2022 y hasta hace pocas semanas, incorporaba al censo a quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos con una declaración explicativa, sin exigir documentos de vinculación con el municipio elegido. El Tribunal Supremo ya suspendió cautelarmente parte de esas altas en el CERA. Mientras tanto, el Gobierno y Sumar buscan un atajo parlamentario y Bruselas recuerda que cada pasaporte español abre la ciudadanía de la Unión.
El Censo inscribía sin pruebas y confunde el criterio ante la JEC
Hasta el requerimiento de la Junta Electoral Central del 16 de julio, los consulados se limitaban a un examen formal: coincidencia de datos, municipio, motivo, fecha y firma. Así se gestionaron más de 400.000 altas. El CERA pasó de 2.328.260 electores en 2023 a 2.736.522 el 1 de julio de 2026; Madrid sumó 115.572 y Barcelona, 43.439. El propio Supremo calificó esos incrementos de «excepcionales». El informe posterior admite el vacío y anuncia, solo ahora, certificados, escrituras o recibos. Según El Debate, el escrito enviado a la JEC —un borrador sin firma ni registro— mezcla el criterio de quien nunca residió en España con el del emigrante que sí tuvo domicilio aquí, y omite el artículo 4.1.b) de la Orden EHA/642/2011. Los autos del alto tribunal hablan de un «peligro fundado, real y serio» para la transparencia del proceso.
El elector del exterior elige la provincia y el consulado no corrige
La Oficina del Censo ha confirmado a la JEC que son los residentes ausentes quienes deciden el municipio —y, con él, la provincia— en el que quedan inscritos para votar. La orden de 2011 permite a los consulados fijar de oficio esa circunscripción si el interesado no la determina; «en la práctica no se realizan inscripciones de oficio». El votante marca última residencia, mayor arraigo propio, arraigo de los ascendientes u «otros motivos». La oficina solo comprueba identidad, fecha y que conste una motivación. Quien nunca ha vivido en España elige, de hecho, dónde computa su voto. Europa Press recoge esa confirmación en el informe remitido a la JEC.
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Moncloa cuela la ley de nietos en una norma educativa
Sumar ha registrado una enmienda en la reforma de la Ley Orgánica de Educación para «dejar sin efecto» las cautelares y elevar a rango legal la instrucción cuestionada. Juristas la llaman «estratagema legislativa» y «enmienda intrusa»: choca con la doctrina del Tribunal Constitucional, que exige homogeneidad con el objeto de la ley. El decano notarial Luis-Enrique Mayorga avisa de que, si se publica en el BOE, los efectos serían «difícilmente reversibles» durante años. En paralelo, OKDiario sostiene que el Ejecutivo pasó cinco meses nacionalizando por esta vía sin exigir el juramento de «fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución», requisito del artículo 23 del Código Civil.
Bruselas avisa: el pasaporte abre toda Europa
Hasta el 31 de mayo de 2026, Exteriores cifra 1.225.188 solicitudes, 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones. La Comisión Europea, en respuesta del 17 de septiembre, recuerda que la nacionalidad española conlleva de inmediato la ciudadanía de la Unión y la libre circulación. No enjuicia expedientes, pero sitúa el control español bajo el Derecho comunitario. El caso de Nervis Villalobos —nacionalizado en abril de 2025 por la Ley de Memoria Democrática tras dos denegaciones por residencia— ilustra el riesgo. La UCO reclamó su expediente en diligencias ligadas al caso Leire Díez.
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