El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, aprovechó la apertura del año judicial ante el Rey para intentar presuntamente influir en la Junta Electoral Central. El órgano se reunió cuatro días después para examinar los autos del Tribunal Supremo que suspenden, de forma cautelar, el voto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos. Fuentes judiciales describen esa intervención como un nuevo choque con el Alto Tribunal. El Ejecutivo, que da por perdida la batalla en el Supremo, busca ya la vía más rápida hacia el Constitucional. El debate no es simbólico: el censo exterior ha crecido de forma extraordinaria y la instrucción administrativa de Sofía Puente —exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente— está en el centro del litigio.
Pumpido presionó a la Junta Electoral tras el año judicial
Según fuentes próximas a la JEC recogidas por Vozpópuli, Pumpido se dirigió a miembros del órgano que preside el magistrado del Supremo Eduardo Calvo. Les advirtió de «consecuencias jurídicas muy complejas», entre ellas una avalancha de recursos de amparo si se mantenía la suspensión. Esas mismas fuentes califican la gestión de «labor de lobby» a favor del Gobierno y del ministerio de Félix Bolaños.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, tras la vista del 8 de septiembre, apreció un «incremento extraordinario» del CERA y un «peligro fundado, real y serio» para «la objetividad y transparencia del proceso electoral». El censo exterior sumó 408.262 electores entre las generales de 2023 y el 1 de julio de 2026. La JEC, con ocho vocales procedentes del Supremo y cinco a propuesta de PP, PSOE y Sumar, acabó acatando el auto y recabando la documentación de los nacionalizados. Quienes ya han fijado posición sobre el fondo, incluido el propio Pumpido, quedan en una posición delicada si el asunto llega a su tribunal.
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La presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, advirtió en el mismo acto de apertura de la «extrema gravedad» de acusar a los jueces de decidir por razones políticas. El Gobierno, sin embargo, lleva días cargando contra la Sala.
Moncloa busca el atajo al Constitucional
El Confidencial detalla que la Abogacía del Estado estudia todas las vías «con la seguridad de que tiene perdida la batalla en el TS». La opción más rápida —reposición en cinco días, incidente de nulidad y medidas cautelarísimas de suspensión ante el TC— es también la más arriesgada: la doctrina constitucional ha reservado esas cautelares, hasta ahora, a privaciones de libertad. La alternativa lenta es esperar la sentencia de fondo, prevista en dos o tres meses, y recurrirla ya en diciembre o enero de 2027. Fiscalía y JEC han renunciado al recurso de reposición.
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El auto dejaría fuera del voto a los nuevos inscritos salvo certificación consular de un exilio real por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. Madrid acumuló 115.572 nuevas inscripciones y Barcelona 43.439. Política Territorial cifra en más de 2,45 millones las peticiones de cita en consulados, sobre todo en Argentina, Cuba, México, Chile y Venezuela.
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El cronómetro del CERA y la estratega de datos
La Oficina del Censo Electoral, dirigida por Elena Manzanera, remitió el 9 de julio a la JEC un informe que toma diciembre de 2022 como arranque de los efectos censales. Omite el primer mes posterior a la instrucción de Sofía Puente: 1.119 electores netos. En junio de 2026 el ritmo mensual era de 20.536. El Debate calcula que, con el cronómetro real, el CERA pasó de 2.290.583 inscritos el 1 de noviembre de 2022 a 2.747.688 el 1 de agosto de 2026: 457.105 altas y un 19,96 % de incremento. La OCE no publica el desglose de cuántas altas vienen de la disposición adicional octava de Memoria Democrática.
Manzanera, especialista en integración de registros y «dato único», formó parte de las estadísticas andaluzas con gobiernos socialistas y fue repescada por Sánchez al frente de la oficina que debería ilustrar al árbitro electoral. El Supremo ha ordenado abrir esa caja negra. Hasta ahora no hay trazabilidad pública.
Un informe del Gobierno apunta al voto telemático
OK Diario adelanta que un informe del Ejecutivo recomienda que los nietos de exiliados «puedan votar telemáticamente» en las próximas generales. La propuesta se conoce cuando el Supremo acaba de cuestionar la transparencia del CERA y cuando el voto exterior se emite, en gran medida, lejos de cualquier control presencial. Sin el texto íntegro no cabe atribuir al documento más de lo que su titular afirma; sí cabe señalar el encaje: si el censo se dispara y el canal se digitaliza, el margen de verificación se estrecha.
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Sumar cuela la ley de nietos en una norma educativa
El portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, anunció una enmienda al proyecto que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 y la ley de 2019 sobre el profesorado no universitario —la llamada ley de ratios— para dar rango de norma a la instrucción que presume el exilio de todo español salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El objetivo declarado es dejar sin efecto la cautelar del Supremo. Si no sale en esa ley, prometió colarla en «cualquier otra» con «suficiente rango normativo».
Santiago sostuvo que privar del voto a españoles es algo «nunca visto en democracia» y que el sufragio exterior «no se va a alterar el censo». El auto del Supremo dice exactamente lo contrario sobre el peligro para la objetividad del proceso.
Más de dos millones votaron en 2023; ahora hay que acreditar el exilio
En las generales del 23 de julio de 2023, 2.327.388 personas tuvieron derecho a votar fuera de España. Varios miles habían accedido a la nacionalidad por la instrucción de Puente. Vozpópuli indica que quienes se beneficiaron de ese atajo deberán volver a acreditar la condición de exiliados: lo presentado entonces no sirve. El fallo definitivo se espera antes de Navidad. Autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, exploran sus estatutos para exigir última vecindad administrativa en el territorio donde se pretende votar.
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Una encuesta de Hamalgama Métrica para Vozpópuli, en julio, cifró en el 55,7 % a quienes creían que el Gobierno usa esta vía para alterar el censo de cara a 2027.
El PP estudia separar nacionalidad y derecho de voto
ABC informa de que el partido de Alberto Núñez Feijóo analiza una reordenación legislativa —ahora desde la oposición, y a aplicar si gobierna— con dos ejes: endurecer el acceso a la nacionalidad y que ésta no implique de forma automática el sufragio. Se invocan fórmulas ya vigentes en otros países europeos. Es una respuesta tardía a la disposición octava de Memoria Democrática y a la instrucción que amplió los supuestos de la propia norma.
Mientras el PP delibera, el Ejecutivo y sus socios legislan por enmienda, presionan al árbitro electoral y preparan el Constitucional. El Supremo ha dicho que el incremento del CERA no es un trámite inocuo. Los datos mensuales, el informe sin desglose y la enmienda educativa apuntan a lo mismo: la ley de nietos se ha convertido en un instrumento de ingeniería censal, no en una reparación histórica neutra.
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