El Gobierno de Pedro Sánchez renovó la dirección legal y operativa de la Oficina del Censo Electoral —dependiente del INE— en el mismo periodo en que el CERA creció casi medio millón de electores tras la ley de nietos. La Junta Electoral Central ha requerido ya a esa cúpula un informe sobre altas, controles consulares y municipio de adscripción. El dato municipal agrava la sospecha: miles de nuevos censados en el exterior figuran en localidades que no existían entre 1936 y 1955. Y Sofía Puente, autora de la instrucción expansiva de octubre de 2022, ha rechazado que la Abogacía del Estado la defienda.
Sánchez colocó una cúpula nueva entre el censo registral y el salto del CERA
El Tribunal Supremo ha obligado a separar las altas con exilio acreditado de las que se amparan en la presunción introducida por Sofía Puente. Este lunes, la Junta Electoral Central trasladó el requerimiento a la Dirección General de Españoles en el Exterior, dependiente de José Manuel Albares, para que los consulados certifiquen qué expedientes demostraron de verdad el exilio. El informe de 10 de julio firmado por María Lourdes Abella, jefa operativa de la Oficina, dejó sin responder cinco agujeros sobre altas, control consular y provincia de inscripción, según El Debate.
Esa oficina la dirige legalmente Elena Manzanera, nombrada presidenta del INE el 1 de agosto de 2022 por propuesta de Nadia Calviño, y operativamente Abella, elevada por libre designación en mayo de 2024. El relevo se produjo justo después de que Juan Manuel Rodríguez Poo culminara en 2021 el primer recuento de población sin contrastación física de hogares, un «cambio de paradigma» que el propio INE reconoció. Desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 1 de agosto de 2026, el CERA pasó de 2.290.583 a 2.747.688 electores: 457.105 incorporaciones en 45 meses, un 19,96 % más. Ese salto coincide con la supresión del voto rogado, la Ley de Memoria Democrática y la instrucción de Puente, y se suma al asalto al censo exterior ya documentado desde Argentina.
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Municipios que no existían en 1955 bajo la ley de nietos
Tres Cantos, creado en 1991, ha sumado 215 electores CERA desde la norma: un 21 %. Allí, en 1936-1955, «todo era campo». El Ejido añade 303 altas (+40 %) aunque a mediados del siglo XX era un pago de Dalías. Torremolinos, entonces barriada de Málaga, y Salou, puerto de Vila-seca, aportan 418 y 238 inscritos pese a independizarse en los años ochenta. En total, El Debate contabiliza 5.146 nuevas altas en más de un centenar de municipios inexistentes en el periodo que la ley invoca.
Madrid capital concentra 118.754 electores más en el exterior (+39 %). Alcobendas, Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón crecen en torno al 25 %. En Madarcos el CERA se ha duplicado y ya supera la mitad del censo local. El Supremo ha paralizado en parte los efectos electorales: no expulsa a los ya inscritos, pero impide votar salvo acreditación de exilio, en la línea de lo que esta redacción adelantó sobre la congelación cautelar. El nuevo español elige municipio por «arraigo» familiar o propio; esa cláusula es la rendija por la que caben padrones imposibles.
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Puente rehúsa a la Abogacía del Estado por la instrucción de 2022
Sofía Puente, número tres de Félix Bolaños y hermana del ministro Óscar Puente, pide al Juzgado de Instrucción 35 de Madrid que inadmita la querella de Hazte Oír por prevaricación. Alega que el asunto «ya fue juzgado» en 2024, cuando el Juzgado 21 archivó otra denuncia de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. El auto de entonces no valoró el fondo: se limitó a declinar competencia. Los querellantes sostienen que la instrucción del 25 de octubre de 2022 amplió supuestos que el Congreso había rechazado y fijó «como presunción de la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».
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