La consultora Acento Public Affairs, fundada por el exministro socialista José Blanco y por Antonio Hernando, facturó presuntamente a autoridades de Rabat por defender en Bruselas el tomate marroquí que presiona a Almería, Murcia y Valencia. En paralelo, el CNI presuntamente trasladó a Pedro Sánchez informes sobre el ‘Moroccogate’. No consta respuesta pública de Moncloa.
Contratos declarados y un interés que no es el nacional
Acento, creada en 2019, figura en el Registro de Transparencia de la UE como representante de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional y, desde 2024, de la Embajada de Marruecos. Los contratos presuntamente se movieron entre 500.000 y 600.000 euros anuales. En noviembre de 2024, El Confidencial y Africa Intelligence detallaron que el encargo era defender a los agricultores de Rabat tras anular el Tribunal de Justicia de la UE los acuerdos agrícolas y pesqueros por falta de consentimiento del pueblo saharaui. Hernando presuntamente dejó la firma en octubre de 2021 para entrar en Moncloa. Blanco, presuntamente, permaneció como consejero delegado. También figuró el exministro del PP Alfonso Alonso, hasta una venta en 2026 por más de tres millones. El lobby es legal. Lo inaceptable es que exdirigentes españoles cobren por reforzar a un competidor directo del campo.
El tomate marroquí gana cuota con reglas distintas
España importó de Marruecos 87.603 toneladas de tomate fresco en 2025: un 31,5% más en volumen y un 67,1% más en valor, según datos llevados al Congreso. En 2026, DataComex sitúa en siete de cada diez los tomates importados procedentes del país vecino. COAG, UPA, ASAJA y FEPEX denuncian jornadas de unos 8 euros frente a cerca de 90 en España, controles fitosanitarios distintos y producciones del Sáhara bajo preferencias pensadas para Marruecos. Andrés Góngora (COAG) ha pedido revisar el acuerdo y alerta de que Rabat habría rebasado el contingente con arancel reducido.
El CNI informó; Moncloa no movió ficha
Libertad Digital sostiene que el CNI entregó al Gobierno varios informes sobre una presunta red impulsada desde Rabat para condicionar en Bruselas el Sáhara, los derechos humanos y el comercio agrícola y pesquero. La Fiscalía Federal belga intervino a finales de 2022 más de 1,5 millones de euros en efectivo. El Parlamento Europeo llegó a restringir el acceso de representantes marroquíes. El patrón no es nuevo: Sánchez ya minimizó avisos de inteligencia en la crisis de Ceuta y el precedente de Pegasus en 2021 sigue sin esclarecerse. Publicar papeles no equivale a defender el interés nacional.
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