El Gobierno ha partido en dos el decreto de vivienda ante el riesgo de quedarse sin apoyos. El viernes hay pleno extraordinario. Catedráticos y abogados consultados por El Debate sostienen que la vía del real decreto-ley encubre, a su juicio, un «fraude constitucional» y deja a propietarios e inquilinos en una inseguridad jurídica que podría durar horas.
Un decreto de vivienda que podría caducar el viernes
El artículo 86 de la Constitución reserva el decreto-ley a un caso de «extraordinaria y urgente necesidad» y obliga a convalidarlo o derogarlo en treinta días. Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional en Valencia, recuerda que «hasta su derogación está vigente y puede desplegar efectos», pero añade que, si el viernes no sale adelante, «es absurdo que sea aprobado» y que se hace «por motivos de visualización política».
Nouna Lozano (HazteOír) admite que una norma puede vivir unos días y caer después, y tacha de «irresponsabilidad» usar el BOE «como un folleto de propaganda». Esaú Alarcón (Gibernau) habla de «perversión jurídica»: se evitan informes del CGPJ y del Consejo de Estado y se lanza un texto que, según esa lectura, se sabe que podría no convalidarse.
La letra fiscal que penaliza al casero que suba la renta
El paquete recupera una deducción del 10% en el IRPF para inquilinos con base inferior a 33.007,20 euros, solo en zonas tensionadas y con efecto real en la Renta de 2027. Para arrendadores, si el nuevo contrato sube respecto al anterior, la reducción cae por tramos hasta el 15%, frente al 50% general: quien actualice la renta pagaría más IRPF que ahora, según TaxDown. Desde 2027, la imputación de segundas residencias pasa a una escala del 1,1% al 3% del valor catastral. El IVA de los pisos turísticos queda en el 10%.
Prórrogas, escudo antidesahucios y contratos indefinidos
El primer texto paraliza desahucios de vulnerables sin alternativa hasta el 31 de diciembre de 2030, prorroga hasta dos años los contratos que terminen antes de 2029 si el inquilino está al corriente y topa actualizaciones al 2% hasta 2027. El segundo reserva los contratos indefinidos, exigencia de Sumar y del Sindicato de Inquilinas. Los ministros de Sumar reconocieron que fue el PSOE quien «forzó» el troceo. El PP, que ya tumbó un escudo anterior, vuelve a situarse en la aritmética del hemiciclo sin ofrecer una alternativa de oferta.
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El BOE convierte a Maricarmen en preámbulo para intervenir el mercado de la vivienda
Este es el texto que el Gobierno ha incluido en el BOE dentro del llamado «decreto Maricarmen»:
«Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna. Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización.»
La exposición de motivos nombra a Mari Carmen Abascal, invoca el artículo 47 de la Constitución y sostiene que «la ley de la oferta y la demanda no garantiza por sí misma» el acceso a la vivienda. En un boletín oficial, el Ejecutivo no se limita a regular: califica de golpe el régimen jurídico anterior, carga contra «administraciones competentes» y usa un caso particular como palanca para reescribir el mercado del alquiler.
Aquí tienes el texto completo del decreto aprobado
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