El tercer grado a Henri Parot, concedido este miércoles por el Ejecutivo vasco de PNV y PSOE, deja en régimen ordinario a solo 32 presos de ETA. El dirigente de la banda acumula 39 condenas por asesinato. Las asociaciones de víctimas denuncian una hoja de ruta política, no un proceso de reinserción, y piden a la Fiscalía que recurra.
El historial que no borra el tercer grado a Henri Parot
Parot encabezó el llamado comando itinerante o «comando francés»: cuatro ciudadanos que vivían en Bayona y cruzaban a España para atentar. Se ocultaba con el DNI francés de Jean Dominique Feron. El 2 de abril de 1990, en un control de la Guardia Civil en Santiponce (Sevilla), disparó a un agente. En el Renault 14 llevaba 320 kilos de explosivos destinados a la antigua Jefatura Superior de Policía de Sevilla.
Su historial incluye la masacre de la casa cuartel de Zaragoza —11 muertos, cinco de ellos niñas—, el tiro en la nuca a la fiscal Carmen Tagle, coches bomba en Madrid contra militares, el paquete bomba que mató a la madre de un funcionario de prisiones en Granada y la granada que acabó con Cristóbal Colón de Carvajal. Suma 4.800 años de condena, 82 imputaciones y más de 80 tentativas. Tiene 67 años y ha pasado 35 en prisión.
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De Cádiz a Martutene: beneficios sin ruptura verificable
En cinco años pasó del acercamiento desde Cádiz al País Vasco al artículo 100.2 —salía a diario de Martutene— y ahora al tercer grado. Según Covite, ese grado (art. 83) suele derivar en el 86: control telemático las 24 horas fuera de prisión. Ya salía todos los días; el nuevo beneficio adelanta la semilibertad plena.
La justificación es una fórmula de despacho: «necesario reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo». Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, afirma que «no es una verdadera política de reinserción, sino una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale» y que «el supuesto proceso de reinserción es una farsa», porque no hay «arrepentimiento sincero» ni ruptura «clara, inequívoca y verificable» con ETA.
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Desde que el Gobierno vasco asumió las prisiones hay 124 progresiones a tercer grado, 28 aplicaciones del 100.2 y 62 libertades condicionales a etarras. El PP, que entregó competencias y normalizó el relato del «final de ETA» sin exigir verdad, comparte responsabilidad con el PSOE de Pedro Sánchez, dependiente del apoyo de EH Bildu. ETA sigue viva.
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Las víctimas piden a la Fiscalía que no normalice el vaciado
La AVT recuerda la frase de Arnaldo Otegi en octubre de 2021: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos». Añade: «Los acercamientos no eran el final. El fin de la dispersión no era el final. Las progresiones a segundo grado no eran el final. Los 100.2 tampoco eran el final». Y concluye: «No vamos a normalizar lo que está ocurriendo». Instán a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a recurrir ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Covite habla de beneficios «fraudulentos» y de «amnistía encubierta». El Gobierno no de Sánchez ha convertido la memoria de las víctimas en moneda de supervivencia parlamentaria. Quedan menos etarras en régimen ordinario (32) que muertos a manos de Parot (39). Esa cifra no es un dato técnico: es el balance de una política que vacía las cárceles sin exigir condena de cada crimen.
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