El Ejecutivo canario continuaría destinando cuantiosos fondos públicos a la asociación Quórum Social 77 para la gestión de centros de menores migrantes no acompañados, a pesar de que varios de esos recursos han sido clausurados por la Policía Canaria en el marco de la Operación Cábila. La investigación judicial, cuyo secreto de sumario se ha levantado recientemente, recoge testimonios sobre presuntos malos tratos que habrían afectado a parte de los jóvenes acogidos.
Investigación sobre presuntos malos tratos en centros de Quórum Social 77
El sumario instruido en Las Palmas describe, según la información desvelada por Canarias7, presuntas prácticas de aislamiento de hasta varios días en baños denominados “tiempo fuera”, golpes dirigidos a zonas que no dejarían marcas visibles y expresiones denigratorias hacia los menores. Centros como La Fortaleza I (Bandama) o José García I (Arinaga) figurarían entre los clausurados, aunque siete de los trece recursos señalados en la causa seguirían operativos, según La Provincia. La propia asociación continuaría al frente de en torno a 17-18 centros en los que atiende a unos 800 menores.
Millones de euros públicos que siguen llegando
Desde 2020 Quórum Social 77 ha recibido más de 200 millones de euros del Gobierno de Canarias, según datos publicados por distintos medios. A día de hoy la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha indicado que nadie ha comunicado a la Consejería que deba dejar de trabajar con la entidad, aunque ha anunciado que los servicios jurídicos analizarán posibles medidas. El Ejecutivo se personará en la causa penal abierta por las supuestas vejaciones.
La defensa que ofrece el Gobierno
Rodríguez ha hablado de “preocupación total y absoluta” y ha recordado que fue el propio departamento el que trasladó los hechos a la Fiscalía. El presidente Fernando Clavijo ha defendido que “los mecanismos de control funcionaron”. No obstante, la continuidad de la financiación y de la gestión de decenas de plazas, mientras la instrucción sigue abierta y varios centros permanecen clausurados, plantea dudas sobre el grado de exigencia que la administración aplica a una organización que concentra una parte tan relevante del presupuesto de acogida.
Según un mensaje difundido en la red social X por Canario Today, la presidenta de Quórum Social 77, Delia García, se habría reunido con parte del personal para transmitir tranquilidad y asegurar que la organización continuará. El mismo mensaje afirma que Sandra Rodríguez habría salido en defensa de la entidad y que, de acuerdo con el sumario, existían audios en los que la propia Delia hablaba de secuestrar menores, además de alusiones a gastos irregulares y compras de vehículos de lujo. Todo ello permanece en fase de investigación y se presenta bajo el formato de indicios recogidos en la causa.
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