La investigación sobre la entrada de al menos 72.000 inmigrantes en Ceuta tropieza con un veto de Moncloa. El material del CNI de los días 30 y 31 de julio seguiría presuntamente clasificado, y la Policía Judicial se vería forzada a negociar con empresas que cobran hasta 5.000 euros por cada imagen satelital de la frontera.
Moncloa blinda el material del CNI ante la juez
El Ejecutivo presuntamente ha reservado el material gráfico recabado por inteligencia, en su mayoría de satélites militares españoles. Sin autorización expresa de Moncloa, esas instantáneas no pueden trasladarse a la Policía. Fuentes policiales citadas por Vozpópuli señalan que el informe del CNI al Gobierno incluye imágenes «significativas» de aquella avalancha. Ese documento no figuraría entre los cuarenta papeles desclasificados por orden de Sánchez. Sí se hizo público el informe que el CNI envió a Marruecos.
La Policía, forzada a pagar 5.000 euros por foto
Los agentes de la causa de la magistrada María Tardón tendrían que pedir fondos —autorizados por el director general Francisco Pardo— para adquirir fotos comerciales sobre Marruecos. Marlaska dijo no conocer el informe del CNIF elaborado para la juez. El Gobierno invoca la seguridad nacional; la información publicada apunta a que el propósito real sería «impedir» que esas pruebas entren en el atestado. El canal habitual entre inteligencia y Policía queda cortado.
El PP pregunta y el Supremo queda como último recurso
Si la instructora reclamara lo clasificado, la Audiencia Nacional debería pedir la desclasificación al Consejo de Ministros. Un rechazo cabría recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El PP anuncia preguntas sobre lo publicado y sobre lo que Moncloa sigue reservando. Preguntar no es depurar responsabilidades: Sánchez desbordó Ceuta y deja la verdad del material del CNI a precio de mercado, mientras los papeles selectivos se venden como transparencia.
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