El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 20 de marzo de 2026 un paquete anticrisis con 80 medidas y 5.000 millones de euros para mitigar el impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos y combustibles, según publica el BOE en los Reales Decretos-ley 7/2026 y 8/2026 del 21 de marzo https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-6544 y https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-6545. En vigor desde el 22 de marzo, estas iniciativas prometen rebajas fiscales masivas, protección social y ayudas sectoriales, pero la realidad las desmonta en apenas 24 horas.
Las rebajas en carburantes se evaporan en las gasolineras
El Ejecutivo presumió de una reducción del IVA del 21% al 10% en gasolina, diésel, electricidad y gas, junto a la bajada del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos al mínimo UE y la suspensión del IVPEE del 7%, lo que debería traducirse en hasta 30 céntimos por litro de ahorro en combustibles y 20 euros por depósito medio. Sin embargo, la subida previa del crudo por el conflicto ha devorado gran parte del beneficio: en el primer día de aplicación (22 de marzo), el ahorro real ha sido de solo 15 céntimos en gasolina y 13 en gasóleo.
Las familias y transportistas pagan la factura mientras el Gobierno gasta miles de millones en medidas que el mercado anula inmediatamente, evidenciando la falta de control real sobre la inflación energética provocada por la guerra.
El decreto de vivienda impulsado por Sumar nace muerto
El Real Decreto-ley 8/2026, centrado en la congelación temporal de alquileres por dos años en contratos que finalicen en 2026 y prórroga automática en zonas tensionadas, ha sido impulsado por Sumar para contentar a su ala radical. Pero Junts ya ha anunciado su rechazo frontal en la convalidación del 26 de marzo, argumentando que asfixia a pequeños propietarios y perjudica a las clases medias.
Fuentes de Junts confirman a ABC: "Junts tumbará el decreto de vivienda con el que Sánchez ha aplacado la rebelión de Sumar". El PP también lo rechaza por considerarlo intervencionista, dejando al Gobierno sin mayorías. Otro decreto propagandístico que muere antes de nacer, sacrificando coherencia por contentar socios extremistas.
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Maniobras opacas y prohibiciones que ahogan la economía
El paquete incluye ayudas directas como 20 céntimos por litro a transportistas profesionales, compensaciones por fertilizantes a agricultores y bonificaciones del 80% en peajes eléctricos a industria electrointensiva. También prorroga el bono social eléctrico (hasta 57,5% de descuento para vulnerables severos) y prohíbe cortes de suministros a hogares vulnerables. Pero introduce prohibiciones como la de despidos en empresas beneficiarias hasta junio de 2026, lo que limita la flexibilidad laboral y penaliza la creación de empleo.
Además, se cuela una modificación de la ley de presupuestos de 2023 mediante disposición final en el RDL 7/2026, sin debate ni transparencia, como denuncia ABC. El sanchismo usa la crisis como excusa para alterar normas a hurtadillas, agravando la desconfianza.
Las principales medidas
El plan, articulado a través de dos reales decretos-ley y dotado con 5.000 millones de euros, tiene estas principales medidas:
Fiscalidad energética y combustibles
Su objetivo sería bajar precios de energía y carburantes
IVA reducido del 21% al 10% en:
gasolina y diésel
electricidad
gas natural
combustibles de calefacción
Rebaja del impuesto de hidrocarburos → hasta 30 céntimos/litro
Electricidad:
Impuesto de generación (IVPEE) → suspendido
Impuesto eléctrico (IEE) → baja al 0,5%
Butano y propano → precios congelados
Supervisión de la CNMC para evitar abusos
Escudo social (hogares)
Su objetivo sería proteger a los más vulnerables
Bono social eléctrico:
42,5% descuento (vulnerables)
57,5% (vulnerables severos)
Bono térmico mínimo → 50 €
Prohibido cortar suministros (luz, agua, gas)
Medidas activas todo 2026
Vivienda
(Real Decreto-ley 8/2026)
Congelación de alquileres (hasta 2 años en muchos casos)
Prórroga automática de contratos
Control de subidas abusivas
Ayudas a sectores económicos
Objetivo: evitar quiebras y mantener actividad
Transporte
20 céntimos/litro de gasóleo profesional
Agricultura y ganadería
Ayudas al gasóleo agrícola
Compensación por fertilizantes
Pesca
Ayudas por combustible y electricidad
Exención de tasas
Industria electrointensiva
80% descuento en peajes eléctricos
Financiación
+300 millones en créditos ICO
Transición energética (medidas estructurales)
El objetivo sería reducir dependencia del petróleo y gas
Deducciones en IRPF (≈15% o más):
coches eléctricos
placas solares
puntos de recarga
rehabilitación energética
Empresas:
amortización libre en renovables
contratos energéticos más flexibles
Vivienda:
bonificaciones IBI (hasta 95%)
Energía:
impulso a baterías y almacenamiento
comunidades energéticas (radio ampliado de 2 a 5 km)
Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR)
Medidas laborales y de control
Habrá sanciones si no se trasladan las rebajas. Las empresas con ayudas no pueden despedir por causas ligadas a la crisis y habrá refuerzo de vigilancia por el control de precios
El fallido “escudo social” de Sánchez
El paquete anticrisis de Sánchez promete ser el "mayor escudo social de la UE", pero en la práctica se traduce en rebajas fiscales anuladas por subidas de mercado, un decreto de vivienda condenado al fracaso por falta de apoyos y modificaciones presupuestarias introducidas a hurtadillas. Lejos de proteger a los españoles, este plan evidencia la improvisación y el oportunismo del sanchismo ante una crisis real provocada por la guerra en Irán. Mientras el PP y Vox defienden rebajas fiscales permanentes y eliminación de trabas burocráticas a la energía, el PSOE-Sumar opta por parches temporales y control estatal que no resuelven nada. España necesita políticas liberales y pro-empresariales, no más propaganda y decretazos fallidos.
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