Ferraz impone silencio: amenazas del PSOE a quien denuncia la vergüenza de Ceuta

Las amenazas del PSOE a sus propios cargos por denunciar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta confirmarían un patrón de control interno. Presuntos mensajes de WhatsApp exigiendo borrar comentarios críticos y avisos de expedientes revelan que, en el partido que gobierna, la discrepancia se trata como deslealtad. La avalancha de finales de julio ha dejado al descubierto no solo el descontrol fronterizo, sino también la intolerancia de la dirección hacia quienes se atreven a hablar.

Las amenazas del PSOE y el mensaje de «borra ese comentario»

Como muestran los mensajes que han salido a la luz en la prensa, responsables socialistas habrían recibido mensajes en grupos de WhatsApp ordenándoles eliminar publicaciones en las que calificaban de «vergüenza» la actuación del Ejecutivo en la ciudad autónoma. La consigna era directa: «Borra ese comentario».

Varios militantes han descrito una caza de brujas: llamadas, advertencias orgánicas y el temor a expedientes o expulsiones si persisten en criticar a Pedro Sánchez. El grupo de opinión Reactiva denunció a principios de agosto que las ejecutivas regionales y locales ejercían «presión, directa o velada», para que los compañeros «borren publicaciones, rectifiquen su opinión o simplemente callen».

«La discrepancia interna, expresada con respeto, no es deslealtad», afirmó Reactiva. Sin embargo, el silencio impuesto protege, según ellos, «la comodidad de quienes no quieren que se hable del asunto». Un partido que presume de democracia interna no puede exigir a su militancia que calle en redes lo que Ferraz no explica en los órganos.

La misma lógica se ha aplicado a cargos locales. En Ceuta, el diputado Melchor León acusó al Gobierno de mentir y pidió la dimisión del delegado Miguel Ángel Pérez Triano por «no dar la cara ante su gente en el peor momento». La respuesta orgánica no fue el debate, sino la presión para que abandonara el partido.

Ceuta, la prueba de que el relato oficial no resiste

Entre el 30 y el 31 de julio cruzaron de forma irregular decenas de miles de personas. Las cifras oscilan entre 70.000 y 80.000, según fuentes gubernamentales y locales. Semanas después, miles permanecen en la ciudad, los servicios saturados y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dado un plazo de 30 días al Gobierno para recuperar la normalidad, bajo amenaza de acudir a la Justicia. Esto no es un accidente puntual: es el resultado de una política de fronteras que prioriza el relato sobre el control.

Sánchez visitó la ciudad el 31 de julio, calificó lo ocurrido de «violación de la integridad territorial» y regresó a sus vacaciones. Desde entonces ha presidido reuniones telemáticas. Siete ministros que se desplazaron fueron recibidos con abucheos. Mientras tanto, alcaldes socialistas reconocen en privado que «la situación es insostenible» y piden elecciones generales antes de las municipales de mayo para no arrastrar el desgaste.

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Un partido que teme a sus propias bases

Las amenazas del PSOE no serían un incidente aislado. Encajan en una forma de ejercer el poder que considera cualquier crítica un problema de imagen que hay que apagar. Los mismos que hablan de regeneración democrática aplican la disciplina más rígida cuando el relato se resquebraja.

Los alcaldes socialistas ya incluso levantan la voz pidiendo elecciones generales como el alcalde de Cuenca

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Las amenazas del PSOE a quienes lo señalan no solucionan el problema; solo lo ocultan.