La Audiencia Provincial de Albacete celebra este martes el juicio contra dos inmigrantes africanos acusados de intentar prostituir a dos adolescentes españolas. Este caso pone de manifiesto, una vez más, cómo la inmigración descontrolada y la falta de deportaciones efectivas generan inseguridad en las calles de nuestras ciudades.
Los hechos que nadie quiere nombrar con claridad
El 15 de enero de 2024, alrededor de las 21:30 horas, dos menores de 14 y 16 años caminaban por el centro de Albacete cuando fueron abordadas por un ciudadano maliense —con protección internacional vigente hasta 2027— y un marfileño con autorización de residencia en España.
Según la acusación de la Fiscalía, los dos hombres les propusieron mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, las empujaron e intentaron introducirlas a la fuerza en un portal cercano. Las adolescentes lograron zafarse y refugiarse en el edificio, pero al salir los acusados insistieron en que se marcharan con ellos. Las chicas denunciaron inmediatamente los hechos.
“Ofrecieron dinero a cambio de sexo y usaron la fuerza para intentar llevarlas”, resume la querella presentada. Este tipo de agresiones no son aisladas: forman parte de un patrón cada vez más visible en ciudades españolas donde la inmigración irregular y la concesión automática de permisos han multiplicado los riesgos para las mujeres y niñas.
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Las penas solicitadas y la posibilidad real de expulsión
La Fiscalía acusa a cada uno de los procesados de un delito relativo a la prostitución agravado por tratarse de menores de 16 años, además de un delito leve de coacciones. Solicita para cada uno 18 meses de prisión por el primer delito y tres años por el agravado, junto con multa, cinco años de libertad vigilada, inhabilitación para ejercer derechos de patria potestad o tutela, y prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante 10 y 6 años respectivamente.
Además, reclama una indemnización de 1.500 euros a cada menor por daños morales y la prohibición de participar en cualquier actividad con menores durante 15 años.
La Fiscalía plantea sustituir las penas de prisión por la expulsión del territorio nacional con prohibición de regreso durante 10 años, al amparo del artículo 89 del Código Penal. Sin embargo, el hecho de que ambos contaran con protección internacional o autorización de residencia evidencia la debilidad del sistema: se concede estatus legal incluso a quienes luego cometen delitos graves contra menores.
La verdadera protección a las víctimas pasa por deportaciones inmediatas y sin excusas, no por permisos que se convierten en escudos para delincuentes.
Un modelo migratorio fracasado que pone en peligro a nuestras hijas
Este juicio no es un caso aislado. Refleja el resultado previsible de años de políticas abiertas impulsadas por PSOE, PP y las izquierdas europeas: fronteras porosas, concesión automática de protección internacional y rechazo sistemático a las expulsiones masivas. Vox lleva años denunciando que la inmigración sin control trae consigo un aumento exponencial de delitos contra la seguridad y la libertad sexual de las mujeres españolas.
Mientras los partidos del consenso celebran “la diversidad”, las familias españolas deben temer que sus hijas no puedan caminar tranquilas por la calle al anochecer.
Es hora de priorizar la seguridad de las menores españolas sobre el buenismo migratorio. Deportación inmediata de delincuentes extranjeros, fin de la protección automática y control real de las fronteras no son medidas extremas: son la única forma de devolver la tranquilidad a nuestras ciudades.
