En un giro que deja al descubierto la doble moral de la izquierda española, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar el caso de malversación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, a un jurado popular. Esta medida no es un capricho judicial, sino el estricto cumplimiento de la ley que la propia izquierda conoce al dedillo, pero que ahora rechaza con vehemencia porque les incomoda. Según la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, el enjuiciamiento de delitos como la malversación de caudales públicos es competencia exclusiva de un jurado, tal como establece su artículo 1. Pero, ¿por qué tanto alboroto? Porque saben que los jurados no se dejan manipular fácilmente, y el historial habla por sí solo: un abrumador 92% de los juicios con jurado popular terminan en condena, según datos recientes que dejan en evidencia la efectividad de este sistema.
Recordemos el caso paradigmático de Francisco Camps, el expresidente valenciano que fue absuelto por un jurado en la 'causa de los trajes' del Caso Gürtel. A pesar de las pruebas no probadas y una votación de 5 a 4 en su favor, confirmada por el Tribunal Supremo, la izquierda se ensañó con él durante años, tildándolo de corrupto sin piedad. "El Supremo confirma la absolución de Camps y Costa en la 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel'", reportaba Noticias Jurídicas en 2013, destacando cómo el jurado exoneró al político pese a la presión mediática.. Sin embargo, cuando el jurado podría jugar en contra de sus intereses, como en el caso de Begoña Gómez, la izquierda clama al cielo. ¿No era el jurado un pilar de la democracia participativa? Ahora lo llaman "obscenidad" y "vergüenza", revelando su pánico a una justicia imparcial.
El juez Peinado, lejos de ser el villano que pinta el Gobierno, está simplemente aplicando la norma. En su auto reciente, transforma la investigación por malversación en un procedimiento ante jurado, tal como obliga la ley para este delito. Críticos de izquierda, como el periodista Toni Bolaño, han salido a la palestra declarando: "Me parece una obscenidad, una vergüenza y una utilización de los juzgados". Pero, ¿Quién utiliza realmente la justicia? El Gobierno socialista ataca a Peinado por cumplir con lo que la Audiencia Provincial de Madrid ya avaló, insistiendo en que el jurado es ineludible para malversación. Fuentes como El Debate lo dejan claro: "¿Por qué el juez Peinado está obligado a enviar a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación? Los ataques del Gobierno al instructor no cambian la ley".
La izquierda no es tonta, pero se hace la tonta cuando la ley choca con sus intereses. Quieren culpar a Peinado por "persecución", pero él solo hace cumplir la norma que ellos mismos respaldaron. Si Camps salió absuelto y lo lincharon, ¿Qué pasará si un jurado condena a Gómez? El debate está servido: ¿defendemos una justicia ciega o una politizada?
Reforzando esta visión, un tuit de Natalia Pastor usuaria de X destaca la necesidad de acción legal contra figuras como Esther Palomera, quien en un programa de televisión acusa a Peinado de "acoso, humillación, persecución e incluso violencia judicial". En su publicación, Pastor afirma: "Si yo fuera el Juez Peinado, interponía una querella contra @estherpalomera por la imputación de una serie de delitos. No se puede permitir que los activistas sanchistas pongan en tela de juicio la integridad de los Jueces". El video adjunto, de un debate en "Malas Lenguas" de RTVE el 24 de septiembre de 2025, muestra a Palomera criticando la decisión del jurado como "un paso más en la escalada de Peinado hacia ninguna parte" y una "treta" para inflamar socialmente, ignorando que es un requisito legal. Esta retórica no es periodismo, es activismo puro que busca erosionar la independencia judicial.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
Por otro lado, el usuario de X Jose Libertad Ley celebra las demandas de Peinado contra "las inmundicias mediáticas y políticas de la izquierda" que lo han llamado prevaricador, prediciendo que ganará todos los pleitos: "Las inmundicias mediáticas y políticas de la izquierda están que trinan, se han cansado de insinuar que el Juez Peinado es un prevaricador. Ahora los ha denunciado y estoy seguro de que va a ganar todos los pleitos. Disfrutará de una gran jubilación, me alegro por él, lo merece". El video incluido captura a Antonio Losada reaccionando a su propia demanda, argumentando que "la Justicia nunca puede ser utilizada como amenaza" y remitiéndose a sus declaraciones sobre resoluciones judiciales. Sin embargo, esta defensa suena a excusa: si la izquierda teme las consecuencias de sus palabras, ¿por qué no miden sus ataques? Las imágenes adjuntas, que ilustran el panel televisivo y la entrevista callejera, subrayan el tono acalorado de estos debates, donde la izquierda pasa de la crítica a la difamación personal.
Para rematar esta exposición de la doble moral izquierdista, incorporamos el tuit de la periodista María Jamardo, que pone el dedo en la llaga al recordar el origen socialista de la ley que ahora tanto les molesta: "Algunas periodistas califican la actuación del juez Peinado en la causa de la malversación de Begoña Gómez como 'un ejercicio de humillación, persecución, acoso e incluso de violencia judicial', por aplicar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en su literalidad (artículo 1.2). Ahora, también, la leyes socialistas (la norma fue aprobada por el ministro de Justicia Belloch, con un Gobierno del PSOE) son fachas". El video adjunto, extraído de un debate en "Malas Lenguas" de RTVE, muestra a tertulianas como Esther Palomera lanzando estas acusaciones graves contra Peinado por el mero hecho de aplicar una norma aprobada bajo un Gobierno del PSOE en 1995. Esta ironía histórica refuerza nuestra posición: la izquierda ataca no por justicia, sino por conveniencia partidista, tildando de 'facha' incluso sus propias leyes cuando estas amenazan a sus líderes. Las respuestas al tuit, como la de Javier Criado que califica de "vergüenza ajena" los argumentos de Palomera, o la de Miguel Ángel Fraile que insta a leer la ley antes de opinar, evidencian el consenso en redes contra esta manipulación mediática.
