La unidad de inteligencia de Extranjería ha entregado a la juez María Tardón un informe que sitúa a gendarmes y agentes de paisano de Marruecos en la organización del salto de Ceuta de finales de julio. El documento, que no pasó antes por la Dirección General de la Policía, coincide con la identificación de reclutadores del Daesh y de personas con prohibición de entrada. Fernando Grande-Marlaska exige ahora al director general del Cuerpo que le aclare desde cuándo existía esa información.
El salto de Ceuta de los días 30 y 31 de julio no aparece, según la Policía Nacional, como un desborde espontáneo ni como obra exclusiva de redes de trata. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sostiene ante la Audiencia Nacional que se trató de «un proceso cuidadosamente planificado en orden a colapsar el sistema de control fronterizo español». La cifra manejada en ese informe ronda las 80.000 personas. El relato oficial del Gobierno, que primero habló de ataque a la integridad territorial y después cargó contra «mafias» y actores lejanos, queda en evidencia frente a lo que firman los propios agentes.
Gendarmes y paisano dirigieron el salto de Ceuta
El CENIF relata una secuencia concreta. El 29 de julio ya existía una alerta de riesgo que apuntaba al día siguiente. En Castillejos (Fnideq), gendarmes uniformados indicaron cómo llegar a la verja y ordenaron el flujo. En El Tarajal, agentes de paisano dieron instrucciones para facilitar el acceso al espigón. Hay, según el mismo informe, prueba gráfica de esa presencia. Se descarta que las mafias «pastorearan» a magrebíes y subsaharianos. La mayoría de quienes cruzaron regresó a Marruecos en pocas horas, un dato incompatible con una simple huida económica y coherente con una operación de presión. El texto vincula la acción con la reivindicación territorial alauita sobre Ceuta y Melilla y la describe como «una operación canónica de contrainteligencia» dirigida a desacreditar el aparato de información español.
Esa lectura choca con la gestión posterior del Ejecutivo socialista y de sus socios: se minimizó a Rabat, se diluyó la responsabilidad en eslóganes humanitarios y se dejó a la ciudad autónoma bajo un mando político que ha priorizado el relato sobre el control efectivo de la frontera, como ya se ha documentado en Nuestra España al analizar el mando único junto a infraestructuras críticas.
Reclutadores del Daesh y vetos de entrada ignorados
La avalancha no solo tensionó la verja. Fuentes policiales citadas por ABC señalan que, entre quienes penetraron, la Policía Nacional ha identificado a condenados por reclutar yihadistas para el Daesh. Varios ya habrían cumplido pena; los agentes apenas pueden anotarlos como sujetos de interés y alertar a Información. El mismo trabajo sostiene que la entrada masiva sirvió de vía a radicales y criminales con prohibición de acceso a territorio nacional.
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No es un detalle menor. España acumula una amenaza yihadista persistente y el cruce masivo sin filtro convierte cada hueco fronterizo en un problema de seguridad interior, no solo de aforo. Quien presenta el fenómeno como un drama humanitario unidireccional elude lo que los propios filiados están mostrando: perfiles que el Estado ya había expulsado o vetado y que reaparecen cuando la frontera se abre de par en par. El debate no es retórico; es de orden público, y choca con la línea de Bruselas y de la izquierda española que sigue tratando el control migratorio como un estigma, pese a la evidencia sanitaria y de seguridad recogida también en Nuestra España sobre inmigración y riesgo epidemiológico.
Marlaska exige papeles que el Gobierno no quería leer
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura no haber conocido el informe hasta su publicación. En carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, pide saber «desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información» y recuerda que, declarada una situación de interés para la seguridad nacional, esos datos debían llegar de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional. La juez Tardón había solicitado el documento directamente a Extranjería; el cauce habitual se saltó.
La escena es reveladora. El ministro que manda sobre la seguridad interior aparece enterándose por la prensa de lo que sus unidades ya habían puesto por escrito ante un juzgado. Pedro Sánchez, por su parte, pasó de hablar de ataque territorial a exonerar a Marruecos. Ni el PSOE ni el PP han cerrado de forma creíble la frontera sur: uno niega al autor cuando el autor incomoda la diplomacia; el otro se limita a gesticular sin revertir el marco legal que premia la entrada irregular. Mientras tanto, la ciudad sigue conviviendo con la tensión de la avalancha, que Nuestra España ha mostrado en los incidentes posteriores en Ceuta.
La conclusión que el informe deja sobre la mesa es política tanto como policial: si Rabat puede abrir y cerrar el grifo, y si entre quienes cruzan hay reclutadores y vetados, el problema no es una mafia abstracta. Es la cesión de la frontera y la negativa del Gobierno a llamar a las cosas por su nombre.
