La Delegación del Gobierno en Madrid ha puesto obstáculos a la concentración de apoyo a Ceuta convocada por el Ayuntamiento de la capital para este miércoles. El argumento no ataca el fondo del acto —el respaldo a una ciudad española—, sino la condición jurídica del convocante. Ese criterio choca con la permisividad mostrada en abril ante movilizaciones propalestinas en las que participaron organizaciones del entorno de Hamás y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), incluido por la Unión Europea en su lista de grupos terroristas. El contraste deja al Ejecutivo ante una pregunta incómoda: si el filtro es legal o político.
El pretexto jurídico de Francisco Martín
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín —el mismo que en su día elogió a Bildu—, sostiene en su resolución que un ayuntamiento no puede ejercer el derecho fundamental de reunión. Según ese escrito, el Consistorio “representa al conjunto del municipio y no una agrupación temporal de ciudadanos” y, por tanto, no sería titular de ese derecho. La Delegación insta a reconvertir la cita en un acto institucional, bajo responsabilidad municipal.
No se impugna el contenido. No se invoca riesgo penal. La Ley Orgánica 9/1983 permite limitar una convocatoria cuando pueda constituir un ilícito; aquí el veto recae solo sobre quién convoca. El resultado práctico es el mismo: se dificulta que Madrid convoque en la calle un gesto de solidaridad con Ceuta, ciudad sometida a una presión migratoria y de orden público que este medio ha documentado en los incidentes con disparos al aire y en el mando único junto a infraestructuras críticas.
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Esa ingeniería formal no es menor. Permite al Gobierno decir que no prohíbe el respaldo a Ceuta mientras vacía de cauce ciudadano la convocatoria del Ayuntamiento. El PP, con Alberto Núñez Feijóo anunciado en el acto, llega ahora a la foto cuando el marco ya lo ha fijado Moncloa. La izquierda gobernante, entretanto, convierte un derecho constitucional en un trámite a la carta.
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La concentración de apoyo a Ceuta y la vía libre de abril
El 9 de abril se celebró en Madrid, frente a la embajada de Israel, una protesta con cientos de asistentes. Participaron Samidoun Madrid, Masar Badil, Tariq el-Tahrir y Alkarama. Hubo consignas a favor de la llamada “resistencia palestina”, de otros movimientos de Oriente Próximo y de la ruptura de relaciones de España con Israel.
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Entre los asistentes estaba Jaldia Abubakra, dirigente de Masar Badil en España. Esa organización mantiene vínculos políticos e ideológicos con sectores próximos a Hamás y al FPLP. Abubakra ha defendido en público el significado político del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ha reivindicado aquella jornada. Sus palabras fueron criticadas por legitimar la violencia de la organización terrorista palestina.
Nadie pretende que toda protesta propalestina sea ilegal. El derecho de reunión está protegido. Precisamente por eso resulta grave que la Administración sea estricta con un consistorio que quiere una concentración de apoyo a Ceuta y laxa cuando en la capital desfilan plataformas del entorno de un grupo terrorista europeo. La coherencia no es un adorno: es el único antídoto contra la sospecha de que el espacio público se reparte según la causa.
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Una doble vara que el Ejecutivo no explica
La propia resolución admite que el Ayuntamiento sí puede organizar un acto institucional sobre Ceuta. Es decir: el Gobierno no discute que la ciudad autónoma merezca respaldo; discute el molde. Esa distinción deja al descubierto el truco. Si el problema fuera el orden público o el código penal, se habría dicho. Se ha elegido un tecnicismo para reconducir —y empequeñecer— una convocatoria incómoda.
La españolidad de Ceuta no es un eslogan de un día. Está en la historia y en el derecho, como recuerda el Tratado de Wad-Ras y la condición de Ceuta y Melilla. Usar la Delegación para torpedear el cauce ciudadano mientras en abril se toleró a Masar Badil y Samidoun no es neutralidad administrativa: es prioridad política. El PSOE y sus socios aplican el reglamento con lupa a quien defiende una frontera española y con manga ancha a quien milita en la órbita de Hamás.
La pregunta de fondo queda en pie. ¿El criterio es la naturaleza del convocante o el color de la pancarta? Mientras no se responda con los mismos fundamentos en todos los casos, la Delegación habrá convertido el derecho de reunión en un privilegio discrecional.
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