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Vídeo de Bilbao: radicales golpean a un menor de 16 años por la bandera de España
Cuatro radicales agreden con saña a un chaval de 16 años en Bilbao solo por portar la bandera española. El vídeo revela la impunidad del odio nacionalista.
La madre de una agresora habla y el debate sobre la responsabilidad parental
Una de las madres de las menores implicadas compareció en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3. Entre lágrimas afirmó: “Mi hija decidió tomarse la justicia por su mano sin comentarme nada, absolutamente nada”. Añadió: “Jamás me imaginé que mi hija podía hacer algo así, porque yo no le he dado esa educación en casa”. Explicó que la castigó desde el momento en que conoció el vídeo: “Lleva un mes castigada sin salir y sin móvil” y “no voy a permitir que mi hija haga este tipo de cosas”. También aseguró que llamó a la madre de la víctima para pedir perdón.
Sin embargo, la familia de la agresora denuncia ahora amenazas y acoso en el pueblo. La madre reconoció haber recibido una golpiza de tres personas en la puerta de su casa y que han tenido que sacar a la menor de la localidad. Las declaraciones de esta progenitora, disponibles en el vídeo de la entrevista y en publicaciones de redes, abren una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto los padres deben responder cuando sus hijos menores cometen actos de esta gravedad?
La propia Ley Orgánica 5/2000 establece que los padres, tutores o guardadores responden solidariamente de los daños y perjuicios causados por el menor. Esta responsabilidad civil ya se aplicó en el pasado con la kale borroka: tribunales obligaron a progenitores a indemnizar por amenazas y actos violentos de sus hijos. Si entonces funcionó para atajar una violencia callejera organizada, ¿por qué no se aplica con contundencia ahora? La educación no es solo un derecho; es una obligación. Cuando esa obligación se incumple de forma reiterada y genera daño a terceros, la retirada cautelar de la custodia debería entrar en el debate jurídico. No se trata de castigar a los padres por el simple hecho de serlo, sino de proteger a la sociedad y a las propias menores cuando el entorno familiar falla de manera evidente.
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Urge cambiar la ley de menores y endurecer las consecuencias
El caso de Moguer demuestra que la inimputabilidad absoluta bajo los 14 años genera impunidad real. Mientras las agresoras de Moguer quedan libres, la víctima carga con las secuelas físicas y psicológicas, y la sociedad observa cómo la violencia juvenil se normaliza y se exhibe en redes. Propuestas de reforma que rebajan la edad de responsabilidad o endurecen las medidas para tramos de 12 a 14 años llevan años encima de la mesa sin avanzar. Los gobiernos de distinto signo han preferido mantener un marco que prioriza la “educación” sobre la contención efectiva de conductas delictivas graves.
No basta con expedientes municipales ni con peticiones de retirada de vídeos. Se necesita una reforma que permita medidas de internamiento o libertad vigilada también para los menores de 14 años en casos de violencia reiterada o especialmente humillante. Al mismo tiempo, hay que activar de forma sistemática la responsabilidad civil de los padres y valorar, en supuestos extremos de desatención educativa, la intervención cautelar sobre la custodia. Eso no es “mano dura”; es coherencia con el principio de que nadie, por joven que sea, puede agredir, grabar y difundir el sufrimiento de otra persona sin consecuencias.
La izquierda ha defendido durante años un modelo de justicia juvenil que, en la práctica, protege más al agresor que a la víctima cuando la edad lo permite. El Partido Popular, por su parte, ha gobernado sin acometer una reforma profunda de esta norma. El resultado es el que se ve en Moguer: una niña golpeada entre risas, un vídeo viral y unas agresoras que regresan a casa. Mientras no se corrija este desequilibrio, casos como este seguirán repitiéndose. La sociedad exige respuestas, no excusas basadas en la edad.
