Presentación de la acción por Luis Pineda
Luis Pineda Salido, abogado y fundador de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), ha formalizado con abogado y procurador una denuncia penal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se dirige contra Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior desde 2018 y aforado, y contra quienes hayan podido participar en la concepción, encargo o uso del documento, incluidos responsables de la Oficina de Comunicación. Actúa como ciudadano que denuncia un posible delito público y como editor para acusación popular al amparo del artículo 125 de la Constitución. Sostiene que Interior carece de competencia para elaborar listados sobre quienes ayudan a formar el criterio de los electores.
Contenido y revelación del documento de 2024
El escrito relata que el 8 de septiembre El Confidencial reveló un documento interno de 57 folios de 2024 con membrete del Ministerio del Interior y su Oficina de Comunicación. El departamento reconoció su autenticidad. El ministro lo calificó de documento de trabajo interno sin finalidad espuria. Se estructura como fichero alfabético con fichas de nombre, fotografía, trayectoria y etiqueta sobre ideología o postura ante amnistía, Bildu o independentismo. Reproduce ejemplos de Jesús Cintora, Esther Palomera, Eduardo Inda y Carlos Cuesta. El 9 de septiembre dos de ellos entrevistaron al presidente en TVE cuando ya existían sus fichas. No consta información a los afectados ni aviso a la AEPD. Cifra al menos 280 periodistas e indica consigna de no revelarlo. El Ministerio ha tratado de desvincular al ministro, lo que según el escrito hace necesaria la investigación sobre si ordenó, conoció o permitió el tratamiento
Tipificación alegada y peticiones formuladas al instructor
Según la denuncia, los hechos podrían constituir tratamiento ilícito de datos que revelan ideología del artículo 197.2 del Código Penal, agravado y ligado al 198. Subsidiariamente plantea posible prevaricación administrativa e impedimento de derechos cívicos. Invoca el artículo 9 del RGPD. Pide el original y metadatos, oficio a la AEPD, comunicaciones internas, citación a responsables y al ministro, e investigar si influyó en acreditaciones. El presidente del Gobierno lo calificó de muy poco afortunado y dijo desconocerlo. El Ministerio pidió disculpas manteniendo que es documento de trabajo. La AEPD anunció investigación de oficio. La FAPE sostiene que ningún organismo estatal tiene legitimidad para perfilar ideológicamente a periodistas y que resulta incompatible con el Estado de Derecho.
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