En un movimiento que huele a maniobra izquierdista para sofocar voces disidentes, el Ministerio del Interior de Baja Sajonia ha clasificado al partido Alternativa para Alemania (AfD) como un
La extrema izquierda quiere impedir el gobierno en la calle
El colectivo antifa Widersetzen ha convocado a miles de activistas el 6 de octubre en Magdeburgo, coincidiendo con la sesión constitutiva del nuevo Landtag, para rodear el edificio «desde todos los lados» e impedir que Ulrich Siegmund sea ministro-presidente. En su llamamiento afirma: «Un Gobierno fascista es un crimen, sin importar cuántos lo voten», y que AfD «no tiene nada que hacer en un Parlamento, y mucho menos en un Gobierno». La portavoz Elvan Akdeniz advirtió a la CDU y al BSW de que, si facilitan la investidura, «sus oficinas y congresos también se convertirán en objetivos legítimos». El grupo dice tener células en más de 80 ciudades y un historial de bloqueos contra actos de AfD.
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Un enfrentamiento callejero con objetos contundentes en el centro de Düren deja seis hospitalizados y genera críticas políticas sobre la seguridad en Alemania.
El cordón sanitario sustituye al veredicto de las urnas
Pese a ser primera fuerza y aventajar con claridad a la CDU, el cordón sanitario de las demás formaciones sigue bloqueando un Ejecutivo. Lo que empezó en los escaños se traslada ahora a la calle: se proclama que una investidura salida de las urnas carecería de legitimidad. El conservadurismo oficial, en lugar de competir por ese voto, abre el expediente de la prohibición de AfD. El mismo patrón se reconoce en España cuando se relativiza el sufragio y se prioriza el veto ideológico, como en el asalto al censo electoral o en el aislamiento de quienes defienden el control fronterizo frente al buenismo. El debate de fondo no es solo alemán: es si el voto sigue mandando o si lo sustituyen el sello de «extremista» y el cerco al Parlamento.
