En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha logrado el respaldo de Vox y Junts para iniciar la tramitación de una proposición de ley que modifica aspectos clave de la normativa de vivienda. La iniciativa busca agilizar trámites urbanísticos y ajustar los procedimientos de desahucio, eliminando varias restricciones impuestas por la ley de vivienda de 2023. Esta alianza ha generado un intenso debate entre quienes defienden la seguridad jurídica de los propietarios y quienes alertan sobre el impacto en las familias con menos recursos.
El fin de las regulaciones intervencionistas que ahogan el mercado
La proposición de ley del PP, denominada “medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda”, avanza con 178 votos a favor. PP, Vox, Junts y UPN respaldaron su toma en consideración, mientras PNV y Coalición Canaria se abstuvieron y el bloque de izquierda votó en contra.
La medida más polémica reduce el umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros mensuales de ingresos para suspender un desahucio. Además, acorta los plazos para que las administraciones ofrezcan una alternativa habitacional: de dos a un mes cuando el propietario es persona física, y de cuatro a tres meses si es una empresa. Se eliminan también las prórrogas automáticas de contratos de alquiler para vulnerables con grandes tenedores y se derogan los instrumentos de control de precios, las zonas de mercado tensionado y los índices de referencia.
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La diputada del PP María Soledad Cruz-Guzmán defendió que la norma “devuelve la confianza y la seguridad jurídica a propietarios, inversores y promotores”, liberando a los particulares de asumir funciones que corresponden a la administración pública. “El control de precios no funciona y solo ha reducido la oferta”, señaló.
Vox exige ir más allá y priorizar a los españoles
Ricardo Chamorro, de Vox, apoyó la iniciativa pero criticó que se quede corta. “La ley de vivienda de 2023 ha sido un auténtico desastre: ha reducido la oferta, disparado los precios y convertido a los propietarios en enemigos mientras premia a los okupas”, afirmó. El partido reclama desahucios exprés, fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad para construir y prioridad absoluta a los españoles en el acceso a vivienda protegida.
Vox vincula la escasez de vivienda con la inmigración masiva registrada en años recientes, que habría desplazado a muchas familias nacionales del mercado. Esta postura confronta directamente con la visión intervencionista del Gobierno, que sigue defendiendo topes y regulaciones pese a la evidencia de su fracaso en aumentar la oferta real.
Junts prioriza agilidad urbanística mientras la izquierda carga contra los propietarios
Junts centró su apoyo en la agilización de licencias y desarrollos urbanísticos. Marta Madrenas consideró que la ley de vivienda estatal tiene “una visión excesivamente ideologizada” basada en “limitar, sancionar y sobrerregular”.
La oposición de PSOE, Sumar, Bildu, ERC y Podemos fue dura. Isabel Pérez (PSOE) acusó al PP de querer “volver a la burbuja inmobiliaria” y Alberto Ibáñez (Sumar) cuestionó si una familia puede vivir con 900 euros. Oskar Matute (Bildu) llegó a decir que con ese umbral se obliga a “elegir entre tener techo o comer piedras”.
La verdadera solución pasa por aumentar la oferta de vivienda mediante menos trabas burocráticas y más libertad para construir, no por mantener intervenciones que han demostrado reducir el parque de alquiler.
Esta proposición pone de manifiesto el choque de modelos: frente al intervencionismo fallido del Gobierno de izquierdas, que castiga a los propietarios y desalienta la inversión, surge una alternativa que busca restaurar el equilibrio y la seguridad jurídica. Aunque la tramitación continúa, el debate revela que la izquierda prefiere mantener un discurso victimista antes que afrontar las causas reales de la crisis habitacional.
