El Ministerio del Interior ha puesto cifra a una reforma que cambia el modo de cubrir destinos en el Instituto Armado: 908 plazas pasarán a designación directa. Hasta ahora se cubrían por mérito o antigüedad. La asociación mayoritaria exige un recorte sustancial o llevará la orden ante los jueces.
De la antigüedad a la confianza del mando
Fernando Grande-Marlaska impulsa un proyecto que modifica la Orden INT/26/2021, de 15 de enero, sobre clasificación y provisión de destinos. La cifra de 908 consta en la memoria de impacto normativo, expuesta en audiencia pública entre el 3 y el 21 de agosto.
Esos destinos dejarán de resolverse por concurso. Los ocupará quien la directora general, Mercedes González, considere «idóneo», sin obligación de motivar el nombramiento. Quien entra así también sale así: basta invocar pérdida de confianza. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) resume el efecto: el designado «no abre la boca» porque sabe que «lo mandan a su casa».
El responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, lo ha dicho con claridad: «Este sistema, mal aplicado, fomenta el servilismo y la dependencia jerárquica, en detrimento de la objetividad y la meritocracia que deben regir en cualquier institución pública». Cita, entre otros, ceses en la UCO de Málaga de agentes que reclamaron el cómputo real de sus horas.
Interior alega responsabilidad, reserva de información e idoneidad técnica. La AUGC responde que, con ese criterio, «el Cuerpo entero tendría que ser de libre designación».
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Los 908 puestos a dedo en la Guardia Civil que Europa pidió recortar
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años exigiendo reducir —no hinchar— esta vía excepcional. La evolución va en sentido contrario: 5.025 destinos discrecionales en 2013, 7.091 en 2020 y más de 10.600 en 2022. El 11 de junio el Pleno dio luz verde al texto, con la última palabra de la Dirección General.
El catálogo no se limita a mandos sensibles. Incluye cajas pagadoras y tesorería, compras de Tráfico, obras sin licitación, criminalística, Seprona de comandancia, armas y explosivos, servicio marítimo, transformación digital y ciberseguridad, y oficiales de las Comandancias de Ceuta y Melilla y unidades dependientes, en plena presión migratoria sobre ambas plazas.
La AUGC cifra piezas concretas: 56 plazas que ya existían y se cubrían por concurso; 212 de prevención de riesgos laborales; 16 auxiliares de psicología y dos de análisis de absentismo; 31 de gobierno interior (electricidad, climatización, agua y gas). «Cuando casi mil puestos dependen de una relación de confianza personal, lo que se está construyendo no es una organización más eficaz, sino más silenciosa», sostiene la asociación. Recuerda el caso cuarteles y el de Valencia, con 14 encausados por irregularidades en obras entre 2018 y 2022.
Tope de años en destino y ultimátum judicial
La misma orden fija un techo de permanencia: diez años para suboficiales y doce para oficiales. Quien se arraigó al ascender y renunció a nuevos empleos para no desarraigar a los suyos deberá moverse igual. La AUGC habla de «un quebranto absoluto para las familias».
Quedan informes ministeriales y el dictamen del Consejo de Estado. Si el texto sale como está, la mayoritaria anuncia recurso. Alega que la ley y el Tribunal Supremo reservan la libre designación al carácter excepcional (sentencias 5.433/2007, 1.198/2019 y 424/2023) y que la motivación del catálogo es «descriptiva y estandarizada».
