El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en su polémica regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes en situación irregular, una medida que externaliza en oficinas de Correos y Seguridad Social la recepción de solicitudes. Esta decisión, lejos de resolver problemas, genera un riesgo real de colapso en un servicio público esencial y evidencia la improvisación del Ejecutivo.
La externalización irresponsable de un proceso masivo
El Ejecutivo ha elegido Correos, con sus 2.400 oficinas y 7.000 carteros rurales, como protagonista principal para tramitar las solicitudes de esta regularización, la mayor en décadas. Según el borrador del decreto, los trabajadores de atención al cliente recogerán documentación que luego remitirán a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).
La plantilla de Correos, ya tensionada con 42.000 trabajadores (7.000 menos que hace años) y un 25% de temporalidad, afrontará esta carga sin refuerzos claros. El secretario general de CCOO en Correos, Regino Martín, lo denuncia con claridad: “Es una regularización que nos pilla por primera vez, y vamos a llevar el peso fundamental de las solicitudes, con lo cual anticipo una enorme carga de trabajo para Correos”.
Cada solicitud podría llevar entre 20 y 30 minutos, y el volumen esperado oscila entre 500.000 y un millón de expedientes en solo tres meses, hasta el 30 de julio. Esta externalización evita que las oficinas de Extranjería, especializadas, gestionen directamente el proceso, optando por una vía más rápida pero menos controlada.
Falta total de información y recursos: la denuncia de los sindicatos
Los sindicatos alertan de que los trabajadores “no saben de qué va esto”. No ha habido reuniones previas, protocolos detallados ni formación adecuada antes de la aprobación inminente del decreto. Regino Martín afirma: “No se entiende que no haya habido ni una sola reunión con los representantes de los trabajadores. Además, la plantilla no tiene información de qué va esto, no se les ha informado de absolutamente nada”.
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Montar un operativo de esta magnitud sobre una plantilla tensionada, con recortes y sin compensaciones, es irresponsable. CCOO calcula que haría falta al menos un 30% de refuerzo de personal para evitar que el servicio postal tradicional se resienta. Esta sobrecarga coincide además con otras demandas, como las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
Correos responde que está “trabajando en un programa de formación”, pero los hechos muestran que la información llega tarde y de forma insuficiente. Esta improvisación no solo afecta a los empleados públicos, sino que pone en riesgo la calidad del servicio para todos los españoles.
Un “pucherazo” electoral disfrazado de humanitarismo
Esta regularización masiva, pactada con la izquierda radical y aprobada por decreto pese al rechazo del Congreso (con votos de PP, Vox y Junts), huele a cálculo político. Sánchez ignora el rechazo mayoritario de los españoles y las advertencias europeas contra este tipo de procesos.
La ilegalidad se premia mientras se genera un efecto llamada que ya activa rutas migratorias. En lugar de priorizar el control de fronteras y la inmigración legal y ordenada, el Gobierno satura servicios públicos esenciales como Correos para facilitar papeles a cientos de miles sin garantías reales de integración.
