El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba hoy una regularización masiva de inmigrantes irregulares que ignora riesgos evidentes y sobrecarga los servicios públicos. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión bajo Elma Saiz, llega al Consejo de Ministros en segunda vuelta tras un dictamen crítico del Consejo de Estado. Vox ya ha anunciado un recurso al Supremo para frenarla.
El Ejecutivo avanza sin evaluar el impacto real en España.
Una regularización improvisada que salta controles básicos
El real decreto permitirá conceder permisos de residencia a alrededor de medio millón de personas en situación irregular. El Gobierno defiende que los beneficiarios contribuirán a la Seguridad Social y a las arcas públicas, pero ignora las advertencias claras del Consejo de Estado sobre la acreditación de antecedentes penales.
El órgano consultivo, presidido por Carmen Calvo, exigió mayor rigor y rechazó que una simple declaración responsable baste para demostrar la ausencia de delitos. “No basta la declaración responsable para probar que no entran delincuentes”, señalaron en su informe. Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, defendió la misma posición, pero Migraciones optó por una vía más laxa. Incluso para quienes llevan cinco años en España, se elimina la necesidad de certificado de antecedentes, lo que genera dudas sobre cómo verificar ese plazo en situación irregular.
Esta laxitud no es un detalle técnico: es un riesgo para la seguridad de los españoles. El texto evita el debate parlamentario y elude una iniciativa legislativa popular que tramitaba el Congreso. Félix Bolaños presentó los cambios como mejoras, pero la oposición denuncia que se trata de una imposición unilateral que afecta al espacio Schengen.
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Primeros síntomas del colapso: oficinas saturadas en Madrid
Antes incluso de la aprobación definitiva, la avalancha ya se nota en la calle. Una oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en Ríos Rosas, destinada a incidencias técnicas del abono transporte, ha quedado completamente desbordada. Inmigrantes irregulares acuden en masa para solicitar certificados de uso que sirvan como prueba de arraigo y permanencia en España.
El sistema, diseñado para duplicados o validaciones puntuales, no soporta esta nueva demanda. Las citas se saturan, los plazos se alargan y los usuarios habituales sufren retrasos constantes. El propio Consorcio advierte que centralizar estos certificados evita sobrecargar la red, pero extender el servicio tensionaría aún más la atención ordinaria.
Este colapso anticipa el efecto llamada que la medida ya está generando: miles de personas en situación irregular se movilizan de inmediato ante la expectativa de obtener papeles, saturando servicios públicos y enviando un mensaje claro al exterior de que incumplir la ley en España puede tener premio.
Lo que está ocurriendo es un anticipo de lo que ocurrirá a escala nacional cuando se abra el plazo de solicitudes. Los servicios públicos, ya bajo presión, enfrentarán una carga adicional que ni el Gobierno ni sus socios han calibrado.
Vox planta cara en los tribunales mientras la izquierda impone su agenda
Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha confirmado que la formación presentará recurso ante el Tribunal Supremo y solicitará la suspensión cautelar del decreto. Argumentan que la medida supone un cambio profundo en la política migratoria y requiere control judicial sobre su legalidad y consecuencias administrativas.
“Esta regularización representa una legalización e institucionalización de un proceso migratorio problemático”, ha señalado Garriga. Vox exige evaluar el impacto en atención social, vivienda y organización institucional, algo que el Ejecutivo ha evitado.
Isabel Díaz Ayuso ya adelantó que la Comunidad de Madrid recurrirá la norma, calificándola de “desorden” e “ilegalidad” que “reventará los servicios públicos”. El PP también critica la decisión unilateral de Sánchez, que choca con la tendencia restrictiva de la Unión Europea.
Europa no quiere esta regularización: el Parlamento Europeo ha reprochado a Sánchez el riesgo de efecto llamada y ha alertado de que la medida pone en peligro la seguridad y la cohesión social de toda la Unión. La Comisión Europea ha recordado que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco” y que las decisiones nacionales no deben perjudicar al resto de Estados miembros. Los papeles de Sánchez no valen en Europa: los devolverán
Mientras PSOE y socios de izquierda celebran la medida como un gesto humanitario, la realidad muestra un Gobierno que prioriza la ideología sobre el interés nacional. Regularizaciones masivas anteriores, como la de 2005 bajo Zapatero, no resolvieron la inmigración irregular: solo generaron nuevo efecto llamada.
