En un contexto de creciente violencia en el sur de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece haber asumido su derrota frente al crimen organizado. La disolución de la unidad élite OCON-SUR, las fronteras permeables y la deficiente verificación de antecedentes en procesos de regularización masiva de inmigrantes configuran un escenario de descontrol que ya ha puesto en jaque la seguridad nacional. Esta realidad exige un cambio profundo en la legislación para priorizar la protección de los agentes y la defensa efectiva del territorio.
El desmantelamiento de OCON-SUR: un error con consecuencias mortales
En 2022, el ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó la disolución de OCON-SUR, la unidad especializada de la Guardia Civil que operaba con dedicación exclusiva contra el narcotráfico en el Estrecho. Creada en 2018, esta formación de élite había incautado cientos de millones en bienes a las mafias y realizado miles de detenciones. Su desmantelamiento, presentado como una “reestructuración”, dejó a los agentes dispersos en tareas rutinarias y abrió la puerta a un repunte exponencial de la actividad narco.
“Tras su disolución y la integración de sus agentes en unidades ordinarias multitarea, la actividad criminal ha crecido exponencialmente en presencia, violencia y sensación de impunidad”, denuncian mandos de la Guardia Civil. La reciente muerte de dos agentes en Huelva durante una persecución a una narcolancha evidencia el precio de esta decisión. Mientras el PP propone ahora recuperar la unidad, Vox lleva años exigiendo su restitución inmediata y medidas concretas de protección.
Puedes ver nuestro vídeo completo sobre Marlaska y la disolución de OCON-Sur, donde se explica con detalle cómo el Ejecutivo desmanteló la principal barrera contra el narcotráfico:
Esta política del Gobierno socialista no solo debilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que envía un mensaje de debilidad a las organizaciones criminales. En lugar de reforzar las herramientas operativas, se opta por diluirlas, priorizando criterios ideológicos sobre la eficacia. La frontera sur sangra cada semana con más de 600 narcolanchas operando sin control aparente.
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Fronteras abiertas y el vínculo entre inmigración descontrolada y narcotráfico
El Ejecutivo mantiene una política de puertas abiertas que facilita la entrada y regularización de miles de personas sin garantías suficientes de control. La reciente regularización masiva incluye trámites para verificar antecedentes penales, pero las autoridades policiales reconocen las dificultades para confirmar datos de países de origen. Esta laguna genera un riesgo real de infiltración de elementos vinculados al crimen organizado.
“Es imposible conocer los antecedentes de determinadas personas en sus países de origen”, alertan inspectores de la Policía Nacional. Mientras Sánchez rechaza pactos europeos para endurecer el control migratorio, el sur de España se convierte en puerta de entrada para drogas y personas con historiales delictivos. Esta combinación de fronteras permeables y escaso filtro penal multiplica la capacidad operativa de las mafias, que aprovechan las rutas migratorias para sus envíos.
El contraste con gobiernos europeos que cierran filas contra la inmigración ilegal es evidente. España, bajo el PSOE, se aísla al optar por medidas que debilitan la soberanía y la seguridad interior. Es urgente revertir esta tendencia y establecer controles reales que protejan a la ciudadanía y a los agentes que arriesgan su vida diariamente.
Urgencia de cambiar la legislación: más protección y herramientas para los agentes
La actual normativa limita la capacidad de respuesta de la Guardia Civil y la Policía frente a la escalada de violencia narco. Vox ha propuesto reforzar el marco legal para permitir un uso proporcional de la fuerza en situaciones de riesgo grave, junto con el reconocimiento de la profesión de riesgo y mayores recursos. Sin estos cambios, los agentes siguen expuestos mientras los narcos operan con impunidad.
“En una tarde, la Guardia Civil acaba con todo el narcotráfico, pero ni PSOE ni PP son capaces”, ha señalado Santiago Abascal, subrayando la necesidad de voluntad política real. El descontrol actual no es casual: responde a una ideología que prioriza derechos de delincuentes sobre la seguridad de los españoles. Es imprescindible reformar las leyes para dotar a las fuerzas del orden de herramientas disuasorias efectivas, endurecer penas y priorizar la persecución del crimen organizado.
En resumen, el Gobierno ha tirado la toalla en la lucha contra el narcotráfico. La disolución de OCON-SUR, las fronteras sin control y la ausencia de una verificación rigurosa de antecedentes dibujan un panorama de rendición ante las mafias. Solo un cambio de rumbo, con medidas valientes y legislación adaptada a la realidad, puede revertir esta situación. España necesita un Ejecutivo que defienda a sus agentes y recupere el control del territorio, lejos de las políticas fracasadas del progresismo.
