Casi un mes después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio, el mando único decidido por el Gobierno tras el Consejo de Seguridad Nacional mantiene a miles de inmigrantes fuera de los centros de acogida en el entorno de la Playa del Trampolín. Allí se concentran las infraestructuras críticas de Ceuta: la desalinizadora y el sistema de agua de más de 83.000 habitantes, depósitos de combustible y el Polvorín El Renegado. Los ataques organizados contra militares y el testimonio de agentes que denuncian el maquillaje de la delincuencia convierten esa decisión en un debate de Estado, no en un detalle logístico.
Un Estado no evalúa el riesgo según lo que haga la mayoría. Basta un grupo coordinado para provocar un incidente junto al agua, el combustible o un almacén de munición. Eso es lo que ya ha ocurrido en Benzú. Y eso es lo que el Ejecutivo socialista —con la pasividad del PP que gobierna la ciudad— sigue sin desactivar.
Ataques a militares junto a las infraestructuras críticas de Ceuta
En unos pocos kilómetros de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados se agrupan la desalinizadora de Playa Benítez, la estación de tratamiento, los embalses del Infierno y el Renegado, los depósitos de combustible de ATLAS S.A.-CEPSA y el Polvorín El Renegado, denominación que figura en documentación oficial de Defensa publicada en el BOE. En ese mismo perímetro permanecen, casi un mes después, miles de personas que no han sido realojadas.
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La madrugada del jueves, entre 30 y 40 inmigrantes emboscaron un vehículo del Ejército en Benzú con piedras de gran tamaño. Cuatro militares resultaron heridos. Doce marroquíes fueron detenidos; once aceptaron un pacto con la Fiscalía, recibieron dos años de prisión sustituidos por la expulsión y cinco años de prohibición de entrada; el duodécimo permanece en prisión provisional. Al día siguiente, otra patrulla fue apedreada: un sargento resultó herido leve y hubo cuatro detenidos más. Dieciséis arrestos en dos jornadas.
Nadie que huya de un conflicto ataca de forma organizada a quien debe protegerle. El riesgo ha dejado de ser una hipótesis. Lo que no ha aclarado Moncloa es si, tras el 30 y el 31 de julio, se revisaron los planes de protección de Aguas de Ceuta Empresa Municipal, operador crítico, ni quién autorizó que aquella concentración conviviera con instalaciones sensibles.
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Sin filiación y con el agua de 83.000 ceutíes en el mismo perímetro
La ministra de Sanidad, Mónica García, admitió el sábado: «Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa». Si el Gobierno no puede identificar a quienes permanecen en la arena, tampoco puede evaluar con rigor el riesgo de mantenerlos junto al sistema hídrico de toda la ciudad.
Margarita Robles explicó en el Congreso que el CNI conocía la movilización previa. La pregunta no es si hubo aviso: es qué se hizo después. ¿El Centro de Seguridad Nacional estudió la proximidad al agua, al combustible y al polvorín? Ceuta carece de profundidad territorial. Si falla una de esas piezas, las alternativas son escasas. Una crisis de seguridad no empieza cuando deja de salir agua del grifo: empieza cuando los riesgos son conocidos y quien debe neutralizarlos decide convivir con ellos.
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Bonus a las comisarías y estadísticas que no cuadran
Dos policías nacionales han declarado a La Gaceta que las cifras de criminalidad se están alterando en Ceuta y en otros puntos de España. Según su testimonio, «existe un bonus a las comisarías que denuncien menos» (La Gaceta). La productividad ligada a oficinas de criminalidad incentivaría, dicen, a presentar un mapa más benigno que el de las calles.
Los agentes citan robos con violencia contabilizados como simples robos y violaciones atribuidas a extranjeros que después figurarían con autor español. Aseguran, además, que la ciudad habría superado las 20 violaciones desde la entrada masiva de finales de julio. Son acusaciones graves y aún no documentadas ante un juez; pero coinciden con un mes en el que las playas del Trampolín y Benítez se han convertido en foco de reyertas, armas blancas y denuncias diarias.
Si las estadísticas se rebajan y el asentamiento junto a instalaciones sensibles se prolonga, el relato oficial de «normalización» no describe Ceuta: la oculta.
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