El Ejecutivo ha aprobado un indulto a Laura Borràs que conmuta su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años, manteniendo la multa y la inhabilitación. En el mismo Consejo de Ministros se beneficiaron Natalio Grueso, gestor cultural del Niemeyer, y Juan Fernández, exalcalde de Linares, ambos condenados por malversación de caudales públicos. La decisión se produjo el 28 de julio de 2026, sin comparecencia específica y lejos de los focos mediáticos habituales.
El indulto a Laura Borràs y el troceo de contratos públicos
Laura Borràs, expresidenta del Parlament y dirigente de Junts, fue condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial, además de inducción a falsedad mercantil. Los hechos se remontan a su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 y 2018, cuando fraccionó contratos menores para adjudicarlos de forma directa a un amigo informático. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero de 2025 y rechazó aplicar la amnistía al considerar que se trataba de corrupción ajena al proceso independentista.
El propio tribunal sentenciador elevó en marzo de 2025 una propuesta de indulto parcial al estimar que la pena de prisión resultaba “desproporcionada y excesiva”. El Gobierno ha seguido ese criterio y ha reducido la privación de libertad a dos años, lo que evita el ingreso efectivo en prisión al no existir antecedentes. La inhabilitación y la multa se mantienen. Borràs había sido suspendida como presidenta del Parlament en 2022 y perdió el acta de diputada tras la condena firme.
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Esta medida contrasta con las promesas iniciales de Pedro Sánchez de no indultar a políticos condenados por corrupción. La misma lógica que excluyó a Borràs de la amnistía por tratarse de un delito de contratación irregular se diluye ahora mediante la gracia gubernamental.
Los casos de Grueso y Fernández: malversación en el entorno del PSOE
Natalio Grueso, dramaturgo y exdirector de la Fundación Niemeyer en Avilés, fue condenado a ocho años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad documental y delito societario. La sentencia acreditó la apropiación de fondos de la entidad mediante facturas falsas o manipuladas en beneficio propio, de familiares y de su entorno. El Gobierno justifica el indulto de la pena privativa de libertad pendiente por “motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud”, tras una campaña de apoyo de artistas y personalidades del sector audiovisual. La Audiencia de Asturias y la Fiscalía se habían opuesto a la medida.
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Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde socialista de Linares entre 1999 y 2018, fue condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación por malversación. Durante seis años se apropió de 1.700 euros mensuales en metálico procedentes de las cuentas del grupo municipal del PSOE, nutridas exclusivamente con fondos municipales. El perjuicio total se cifró en 125.377 euros, cantidad que ya ha devuelto. El Supremo confirmó la condena en 2025. El indulto parcial reduce la prisión a dos años y mantiene la inhabilitación. La solicitud contó con el informe favorable del tribunal, el apoyo del Ayuntamiento de Linares, de los grupos municipal del PP y del PSOE local, y de una asociación vecinal que recogió firmas.
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Ambos casos ilustran un patrón: condenas firmes por el uso irregular de dinero público en entornos vinculados al socialismo institucional terminan suavizadas por decisión política.
Un historial de gracia selectiva
La decisión se enmarca en una secuencia conocida. En 2021 el Gobierno indultó a los condenados por el proceso independentista. En el caso de los ERE de Andalucía, el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, anuló en 2024 partes sustanciales de las condenas a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, un indulto de facto al mayor caso de corrupción de la democracia. Sánchez había afirmado en su momento que no indultaría a políticos corruptos y que no hubo enriquecimiento personal en los ERE.
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Ahora, el mismo Ejecutivo que presenta una Ley de Integridad Pública como instrumento anticorrupción firma, el mismo día, tres indultos parciales por delitos de prevaricación y malversación. Fuentes del PP han calificado la operación de “escándalo” y han denunciado que se intentó hacer “a escondidas”, sin mención en la referencia oficial del Consejo de Ministros.
En Junts la lectura es distinta: el entorno de Puigdemont sostiene que el gesto llega tarde y no recompone la relación rota por incumplimientos del acuerdo de investidura. La medida no borra el hecho de que Borràs quedó fuera de la amnistía precisamente porque sus delitos se consideraron corrupción ordinaria.
El resultado es una percepción extendida de justicia a la carta. Quienes disponen de redes políticas o mediáticas ven reducidas las consecuencias de condenas firmes, mientras se mantiene el discurso de ejemplaridad institucional. La impunidad no se declara; se administra a través del Consejo de Ministros.
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El indulto a Laura Borràs y a los otros dos condenados no es un episodio aislado. Forma parte de una práctica que convierte la medida de gracia en herramienta de gestión política. Mientras se proclama la lucha contra la corrupción, las penas de prisión por delitos contra el erario público se suavizan cuando los beneficiarios pertenecen a determinadas órbitas. Ese contraste es el que genera el debate y la desconfianza ciudadana.
Los principales indultos concedidos por gobiernos del PSOE
Durante los gobiernos de Felipe González y Zapatero se concedieron miles de indultos en total (aproximadamente 5.944 y 3.381 respectivamente). Con Sánchez el volumen ha sido menor en términos absolutos, pero con un peso relativo alto de beneficiarios políticos. Además, el Tribunal Constitucional (mayoría progresista) anuló en 2024 partes sustanciales de las condenas de José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE, lo que se ha interpretado como un indulto de facto.
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Gobierno de Felipe González (1982-1996)
Juan Hormaechea (expresidente de Cantabria): indulto parcial de la pena de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación.
Jesús Gil (alcalde de Marbella): indulto por delito de estafa (1994).
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Diversos indultos a condenados por delitos económicos y a algunos miembros de Terra Lliure que habían renunciado a la violencia.
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Al menos 62 indultos a condenados por delitos de corrupción (prevaricación y malversación), según datos de Civio.
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Indultos a algunos presos de ETA que habían cumplido largas condenas (en el marco de la política de acercamiento).
Gobierno de Pedro Sánchez (2018-actualidad)
Nueve dirigentes del procés (junio 2021): Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Indultos parciales (se conmutó la pena de prisión por sedición y malversación; se mantuvo la inhabilitación).
Laura Borràs (28 de julio de 2026): indulto parcial que reduce la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día a 2 años por prevaricación y falsedad documental.
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Natalio Grueso (exdirector de la Fundación Niemeyer, 28 de julio de 2026): indulto de la pena de prisión pendiente por malversación y falsedad (motivos humanitarios).
Juan Fernández Gutiérrez (exalcalde socialista de Linares, 28 de julio de 2026): indulto parcial que reduce la pena de prisión de 3 años a 2 años por malversación de caudales públicos.
Otros casos destacados: Juana Rivas (sustracción de menores) y algunos de los conocidos como “los seis de Zaragoza”.
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