En la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se ha producido un archivo unánime que cierra la denuncia presentada por el general de división Fernando Mora Moret. Tres magistrados han coincidido en la decisión. Uno de los nombres que figura en esa resolución es el de Clara Martínez de Careaga García. El detalle que más se destaca es que se trata, casualmente, de la esposa de Cándido Conde-Pumpido. La coincidencia familiar ha reactivado comentarios sobre episodios anteriores en los que se le pidió inhibición y ha motivado peticiones de revisión de la no aceptación de la querella.
La decisión de la Sala Militar y la presencia de la magistrada
Clara Martínez de Careaga García es magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Forma parte del grupo de tres miembros que, por unanimidad, ha decidido archivar la denuncia interpuesta por el general de división Fernando Mora Moret. La resolución cierra, de momento, la tramitación de esa querella.
Lo que llama la atención en el relato es un detalle personal: una de las tres personas que firman el archivo es, casualmente, la esposa de Cándido Conde-Pumpido. El vínculo matrimonial no es secreto. Ambos son jueces de larga trayectoria y han compartido vida durante décadas.
Desde quienes siguen el asunto se ha pedido que se revise la no aceptación de la querella. La solicitud se formula para que se examine de nuevo el expediente, especialmente a la luz de la composición del tribunal que adoptó la decisión unánime.
La Sala de lo Militar es el órgano que conoce de los recursos y denuncias en el ámbito castrense. En esta ocasión, los tres magistrados coincidieron en el archivo. Martínez de Careaga ocupa plaza en esa sala desde 2009, cuando se convirtió en la primera mujer en acceder a ese puesto.
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El Supremo archiva la denuncia del general de la Guardia Civil Fernando Mora por la orden de no acudir al Dos de Mayo de Ayuso.
La trayectoria de la magistrada y el idilio judicial
Clara Martínez de Careaga nació en Madrid en 1959. Hija de militar, pasó parte de su infancia en Vitoria y se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra. Aprobó las oposiciones a juez con apenas 23 años. Ascendió a magistrada en 1987 y pasó por destinos de familia y contencioso-administrativo antes de llegar al Tribunal Supremo.
En 2009 el Consejo General del Poder Judicial la designó para la Sala de lo Militar. Allí ha intervenido en asuntos relacionados con la situación de las mujeres en el Ejército y la Guardia Civil, entre otros.
Está casada con Cándido Conde-Pumpido Tourón, magistrado que llegó a fiscal general del Estado y después presidió el Tribunal Constitucional. El matrimonio se forjó a finales de los años 80, cuando él ya tenía una carrera consolidada y ella empezaba a destacar. Tienen un hijo en común, Gonzalo, nacido en 1993. Conde-Pumpido tiene además hijos de un matrimonio anterior.
La relación entre ambos ha sido objeto de reportajes que mezclan trayectoria profesional y vida personal. En diciembre de 2022, cuando se debatían nombramientos vinculados al Tribunal Constitucional, el voto de Martínez de Careaga en el Consejo General del Poder Judicial resultó decisivo según las crónicas de la época. Voces de la oposición le pidieron que se abstuviera. Argumentaban que existía un posible conflicto de intereses porque su posición podía facilitar la presencia de su marido en el órgano de garantías. Ella no se inhibió y participó en la votación.
Aquel episodio generó titulares que hablaban de “caso de libro de conflicto de interés”. González Pons, entonces vicesecretario institucional del PP, lo expresó con claridad: pedía la abstención porque su voto era el que decidía. La magistrada mantuvo su puesto en la deliberación.

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Cuando la apariencia de imparcialidad se diluye en el salseo
Más allá del auto, la figura de Clara Martínez de Careaga no puede separarse de su entorno. Los conflictos de intereses no son solo una cuestión técnica: son una cuestión de confianza pública. Cuando la misma magistrada que no se inhibió en 2022 para favorecer la posición de su marido vuelve a aparecer en un tribunal que archiva una denuncia sensible, el ciudadano tiene derecho a levantar la ceja. La apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma. Y en este caso, la casualidad resulta demasiado perfecta.
La decisión de la Sala de lo Militar no es firme. Mora podrá recurrir. Pero el mensaje ya está lanzado: en determinados círculos, las denuncias que cuestionan órdenes políticas de alto nivel encuentran un muro. Y uno de los ladrillos de ese muro lleva el apellido de la esposa del presidente del Constitucional. El salseo judicial español sigue escribiendo capítulos. Este, casualmente, tiene de protagonista a la mujer de Conde-Pumpido.
Mientras no se exija con rigor la abstención en asuntos que tocan el círculo íntimo del poder, estas coincidencias seguirán generando la misma pregunta: ¿hasta dónde llega la casualidad y dónde empieza el patrón?








