La Tesorería se escuda en un procedimiento automático para explicar el papel que acreditó a Plus Ultra sin deudas. Ese documento encajó con la ayuda de 53 millones aprobada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras la Administración diluye la firma humana, la Audiencia Nacional escucha a otro exdirectivo que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en la sombra del rescate de Plus Ultra, a cambio del 1%.
Un certificado sin funcionario abre la puerta al dinero público
OK Diario informa de que la Seguridad Social culpa a un «robot» de firmar el certificado que aseguró que Plus Ultra no tenía deudas. Estar al corriente con la Tesorería era requisito para acceder a los fondos de contingencia. El Estado, que persigue al contribuyente ordinario con rigor, entrega ahora una rúbrica mecánica cuando el expediente favorece a una aerolínea rescatada. El rescate de Plus Ultra salió adelante igual.
La llamada con número oculto y la «mordida» del 1%
El lunes declaró ante el juez José Luis Calama el exmandatario de la compañía, Julio Martínez Sola. Este martes le sigue Roberto Roselli, exconsejero delegado. El Debate recoge que Zapatero llamó a Sola en 2020 con número oculto y se atribuyó capacidad para llevar a buen puerto los 53 millones «gracias a sus contactos».
Las defensas de ambos exdirectivos sostienen que tuvieron «plena conciencia» de que Zapatero y Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar». Esa pretensión la califican de «mordida». En una conversación intervenida por la Policía Nacional, Roselli dijo al accionista venezolano Rodolfo Reyes: «Así que por ahí vendrá la mordida». El 1% se facturó y se cobró a través del entramado del empresario alicantino, señalado como testaferro del expresidente. Lo que ya adelantó el testimonio de Sola sobre ese 1% queda ahora reforzado.
El entorno de Zapatero, bajo examen patrimonial
Calama y la Fiscalía Anticorrupción investigan al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias ligada a la ayuda que el sanchismo concedió en plena pandemia. Pendientes están los informes patrimoniales de sus hijas —también imputadas—, de su secretaria Gertrudis Alcázar y de su mujer, Sonsoles Espinosa. La misma izquierda que exige transparencia al resto entrega un certificado sin responsable y un mediador que presuntamente cobra comisión sobre dinero de todos. El patrón —rescate, testaferro y entorno familiar— no es nuevo: ya se documentó en las detenciones de directivos de la aerolínea y en los encuentros opacos de Zapatero con Julio Martínez. Ni el PSOE ni el PP han desmontado estas redes de privilegio cuando han gobernado; el contribuyente paga, y la firma la pone un automatismo.
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