La Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, presidida por José Manuel Albares y con Marlaska, Bolaños y Elma Saiz en el patronato, formalizó presuntamente un contrato con un empresario marroquí para intermediar con Interior de Rabat. Ridouane Ambarky, de Inezgane, habría firmado el 1 de agosto; el responsable de la misión de la FIAP lo hizo el 5, con Ceuta ya colapsada. El expediente, al que ha tenido acceso ABC, encajaría en el proyecto de «apoyo» a Marruecos contra la trata y el tráfico de migrantes. El PP no ha exigido una depuración clara; el PSOE vende cooperación mientras la frontera española pagaba el coste.
Un sueldo de 2.000 euros y 103.200 en honorarios
El encargo suma 103.200 euros a 43 meses. Todo va a «honorarios»: 2.000 euros netos al mes a cambio de un informe de situación y 205 euros netos por jornada de desplazamiento. No es un traductor. Según los pliegos, desbloquearía aduanas, organizaría reuniones de alto nivel y serviría de nexo para que el material policial financiado por España y Europa entrara en Marruecos. Recibió presuntamente puesto en la Embajada en Rabat y un portátil para «control y seguimiento informático» de la documentación del proyecto.
El empresario marroquí trata datos de la Guardia Civil
En memorias de expedientes previos se indicaría que el contratista trataría datos personales del Interior alauí y de efectivos de la Guardia Civil desplegados en Marruecos. La adjudicación fue negociada presuntamente sin publicidad, justificada por el dariya nativo y por la «soberanía» que exige Rabat. El mismo perfil ya habría cobrado 27.400 euros en octubre de 2024, en un concurso con una sola oferta, un euro por debajo del techo. Quince días antes del asalto el Gobierno habría inyectado fondos «de contención»; la firma habría llegado con la ciudad desbordada.
Cooperación con Rabat y frontera española a merced
La FIAP defiende la legalidad. El resultado es un presunto intermediario privado con acceso a identificadores de la Benemérita y a trámites de material de seguridad, mientras Ceuta absorbía la presión. No es un episodio aislado en la diplomacia de Albares con el reino alauí, visible también en otras negociaciones de frontera y soberanía. Pagar presuntamente a un empresario marroquí para «gobernar» la lucha contra el tráfico cuando la valla ya había cedido resumiría la prioridad del Ejecutivo: contentar a Rabat antes que blindar a los que defienden el perímetro.
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