Casi cuatro semanas después de la entrada masiva de finales de julio, miles de vecinos volvieron a ocupar el centro de Ceuta para exigir expulsiones y denunciar la pasividad de Moncloa. Tras la concentración ante la Delegación del Gobierno, un grupo se dirigió a la playa del Trampolín, donde hay un campamento irregular. La sociedad civil ha convocado actos en varias ciudades el 2 de septiembre, a las 20:00.
La crisis migratoria en Ceuta no se ha cerrado con comunicados ni con el traslado parcial de quienes ocupaban el arenal. El martes y el miércoles la ciudad volvió a salir. No fue un acto de partido: familias, banderas de España y de la ciudad y un lema que recorrió la marcha: «¡Ceuta unida jamás será vencida!». El hartazgo se dirige al Ejecutivo de Pedro Sánchez y también a una gestión local del PP que, pese a pedir emergencia nacional, no ha logrado una respuesta a la altura de lo que soporta una plaza de unos 83.000 habitantes.
El ataque con piedras se produjo en Benzú. El vehículo no era blindado y hubo huida al mar. Todos los detalles del suceso, aquí.
La crisis migratoria en Ceuta saca otra vez a miles a la calle
La marcha arrancó en la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar —uno de los recintos barajados para ampliar la acogida—, siguió hacia las Puertas del Campo y acabó ante la Delegación del Gobierno. Medios presentes cifran en más de 2.000 los congregados en ese punto, por encima de la protesta del día anterior.
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Se coreó «¡invasores, expulsión!», «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y «Ceuta no es un CETI». Se pidió la dimisión del delegado del Gobierno y del presidente del Ejecutivo. El recelo vecinal no es abstracto: el CETI y los centros de menores llevan semanas desbordados y el Gobierno central rechazó declarar la emergencia de interés nacional que reclamó Juan Jesús Vivas, al argumentar que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios. Esa negativa, unida a la lentitud de las repatriaciones, alimenta la idea de que Madrid administra el problema en lugar de cerrarlo.
La izquierda nacional presenta el episodio como una cuestión humanitaria. En la calle ceutí se lee de otro modo: ocupación de playas, saturación de servicios y sensación de abandono. El PP autonómico denuncia a Sánchez, pero no ha impuesto una línea de expulsión inmediata ni ha evitado que la ciudad se convierta en depósito provisional de quienes cruzaron de forma irregular.
Tensión en El Trampolín: tiendas derribadas y disparos al aire
Cuando la concentración se disolvió, entre 200 y 300 personas se desplazaron a la playa del Trampolín, principal asentamiento de quienes permanecen en la ciudad tras la avalancha de los días 30 y 31 de julio. Allí Cruz Roja reparte comida y se han instalado tiendas y chabolas.
Parte de los manifestantes derribó tiendas, lanzó enseres al mar e intentó alcanzar a los acampados. La Policía se interpuso y efectuó disparos disuasorios para impedir un choque directo.
No es la primera vez que ese arenal concentra el conflicto: ya hubo un desalojo a mediados de agosto y un regreso posterior de grupos que rechazan ir a los recintos habilitados.
Que la seguridad del Estado dispare al aire entre vecinos y ocupantes irregulares ilustra el fracaso de la política de acogida indefinida. Ampliar camas no equivale a recuperar el control.
Las manifestaciones se produjeron también por toda la periferia en Ceuta
La noche estuvo marcada por la tensión y la policía disparó al aire para intentar dispersar
El 2 de septiembre: convocatoria ciudadana en toda España
La sociedad civil ha convocado concentraciones el miércoles 2 de septiembre, a las 20:00. Los organizadores insisten en que «se trata de una iniciativa ciudadana y apartidista, que nace del pueblo para el pueblo, y que está siendo recogida de forma descentralizada por ciudadanos de distintos puntos de España».
Habrá acto en Ceuta (Plaza de los Reyes) y en Madrid, frente al Congreso —Plaza de las Cortes—, además de Zaragoza, Málaga, Melilla, Castellón, Cartagena, Palma, Valladolid, Jerez, Castro-Urdiales, Rota y Las Palmas; Sevilla está prevista el día 3. En la capital justifican el emplazamiento porque «las Cortes Generales representan al pueblo español y el Congreso de los Diputados ejerce, entre otras funciones, el control de la acción del Gobierno».
Ese control es el que falta. Mientras Sánchez, Bolaños y el aparato de Interior y Migraciones alargan comparecencias, la frontera sur sigue siendo el precio de una doctrina que dificulta el rechazo en el mar y retrasa las devoluciones.
