La Mesa del Congreso ha puesto en marcha este miércoles el trámite que puede desembocar en la expulsión definitiva de Vito Quiles. El órgano de gobierno de la Cámara ha concedido dos semanas de alegaciones ante la propuesta de tres nuevas sanciones de carácter grave. Esas infracciones se añaden a otras dos por las que el comunicador de EDATV ya fue apartado de forma temporal. El conjunto suma cinco expedientes graves y abre, según fuentes parlamentarias, la posibilidad de retirar de forma permanente su acreditación de prensa.
Dos de las tres propuestas nuevas se refieren a la difusión en redes de imágenes no autorizadas obtenidas en el recinto. La tercera se vincula a la interrupción de una rueda de prensa. El Congreso advertirá al expedientado de que, al existir ya dos sanciones previas, cada una de las tres nuevas puede ser elevada a falta muy grave. En ese supuesto, el reglamento contempla desde una expulsión de tres meses hasta la revocación definitiva de la credencial.
Tres expedientes graves y el riesgo de expulsión definitiva de Vito Quiles
Los servicios jurídicos de la Cámara no se limitan a enumerar infracciones aisladas. Según han informado fuentes parlamentarias, «la reiteración de infracciones pone de manifiesto una voluntad consciente y deliberada de perjudicar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara».
El Reglamento del Congreso, reformado en 2025, distingue faltas graves y muy graves. Las primeras se sancionan con suspensión de la credencial de entre once días y tres meses. Las muy graves pueden llegar a una suspensión de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, a la revocación definitiva. La reiteración es, precisamente, el argumento que permite dar ese salto.
Entre los antecedentes ya resueltos figura la presunta grabación y difusión, en diciembre, de imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona no habilitada, episodio que motivó una de las expulsiones temporales. Aquel expediente se tramitó cuando el expresidente ya estaba en el centro de otra polémica pública, la de la trama investigada en torno a Plus Ultra.
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Incidentes en el despacho del abogado de Vito Quiles generan alarma tras la reciente anulación de una orden de detención contra el comunicador
La Mesa de Armengol aplica un reglamento escrito por PSOE y Sumar
Quien decide no es un órgano judicial independiente. Es la Mesa que preside Francina Armengol, con mayoría de PSOE y Sumar. Ese mismo bloque impulsó en 2025 la reforma del artículo 98 que creó el catálogo de infracciones y entregó a la propia Mesa la última palabra sobre las acreditaciones.
Los letrados de la Cámara advirtieron entonces, en observaciones del 11 de julio de 2025, que regular un régimen sancionador contra periodistas acreditados «supone una limitación del derecho a la libertad de información» . La advertencia no impidió que la norma saliera adelante. El Partido Popular votó en contra de aquella reforma, pero permanece en la Mesa y no ha logrado alterar el sentido de las resoluciones que ahora se encadenan.
El resultado es un procedimiento en el que el poder político que controla la Cámara baja instruye, califica y sanciona a quien informa desde sus pasillos. No es un detalle menor en un ciclo marcado por el cerco judicial y mediático al PSOE.

¿Qué ha pasado? Todo podría venir tras un tuit de Bertrand Ndongo sobre el reciente robo de expediente al abogado de Vito Quiles.
Ndongo, segundo expediente, y una Cámara que selecciona a quién deja preguntar
En la misma sesión, la Mesa ha abierto alegaciones contra Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital. Sería su segunda sanción. La propuesta es de un mes de expulsión por falta grave. Ambos comunicadores llevan meses con la credencial suspendida de forma cautelar, desde el 13 de mayo.
El patrón es el mismo: interrupciones en comparecencias —en el caso de Quiles se ha citado también el incidente con Ione Belarra— y grabaciones fuera de los espacios habilitados. La Asociación de Periodistas Parlamentarios y grupos de la izquierda han impulsado buena parte de las denuncias. El efecto práctico es que quien formula preguntas incómodas queda fuera, mientras el Gobierno sigue disponiendo de altavoces públicos sin un control equivalente.
Quiles tiene ahora catorce días para defenderse. Después, la Mesa resolverá. Si confirma la tesis de los letrados, la expulsión definitiva de Vito Quiles dejará de ser una amenaza reglamentaria y pasará a ser un hecho.









