La aprobación de placas solares antes de los incendios en varias comarcas del sur de España ha vuelto a poner sobre la mesa el choque entre la agenda energética del Ejecutivo y la realidad de un territorio cada vez más vulnerable al fuego. En apenas un mes, resoluciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial del Estado coincidieron con dos de los incendios más graves de este verano: el de El Cerro de Andévalo, en Huelva, y el de Los Gallardos-Lubrín, en Almería. Los hechos documentados obligan a examinar con rigor qué se prioriza cuando se declara la utilidad pública de un parque solar y, casi de inmediato, el mismo municipio se convierte en pasto de las llamas.
Autorización en Huelva un mes antes del fuego de 1.200 hectáreas
El 3 de junio de 2026, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgó la autorización administrativa previa a la empresa Jinko Greenfield Spain 1, SL, para la instalación fotovoltaica FV La Puebla 3. El proyecto, de 150,08 MW de potencia instalada y 218,56 MW pico, se ubica en los términos municipales de Alosno y El Cerro de Andévalo (Huelva). La resolución, firmada por el director general Manuel García Hernández, se publicó en el BOE el 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13454).
Apenas un mes después, el 21 de julio, se declaró un incendio forestal en el paraje de Los Pajares, dentro del término de El Cerro de Andévalo. Según datos del Plan Infoca de la Junta de Andalucía, el fuego ha arrasado un perímetro de unas 1.200 hectáreas. El dispositivo movilizó más de 120 efectivos terrestres, autobombas, buldóceres y hasta 13 medios aéreos. El cambio de viento complicó las labores y obligó al desalojo preventivo de cerca de 380 vecinos de Villanueva de las Cruces, trasladados a Calañas y El Cerro.
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La autorización llegó tras una Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida en marzo de 2026 y los trámites preceptivos con ayuntamientos y organismos autonómicos. Sin embargo, la aprobación de placas solares antes del incendio en la misma comarca ha generado un debate inevitable sobre la compatibilidad entre grandes infraestructuras energéticas y la prevención de incendios en zonas de eucalipto, matorral y pasto seco. La coincidencia temporal no implica causalidad, pero sí obliga a preguntarse si la urgencia por cumplir objetivos de transición ecológica está dejando en segundo plano la gestión del riesgo real sobre el terreno.
En paralelo, el mismo patrón se repite en otros puntos de la geografía española. Proyectos de menor escala, como los denominados Toros de Guisando I y Toros de Guisando II, promovidos por Start Right Now, S.L., en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), han acumulado autorizaciones administrativas, modificaciones de proyecto de ejecución y planes especiales de infraestructuras entre 2025 y 2026, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se trata de plantas de entre 4,3 y 5,5 MW pico que ocupan unas 8-9 hectáreas cada una, con línea de evacuación a la subestación Toros de Guisando. Están en fase avanzada de tramitación precisamente en una zona que casualmente también esta sufriendo con los graves incendios.
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Declaración de utilidad pública en Almería tres días antes de la tragedia
Cuatro días antes de que el fuego asolase varios municipios de Almería, el BOE núm. 163 del 6 de julio de 2026 publicó la resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería. En ella se declaraba de utilidad pública el proyecto de generación eléctrica fotovoltaica «El Tranco», promovido por Greenalia Solar Power El Tranco, S.L.U., junto con su infraestructura de evacuación. El expediente PERE 1661 y las líneas LAT 6856 y LAT 6857 permitían la expropiación forzosa de los terrenos necesarios.
El parque solar contaría con una potencia pico cercana a los 50 MW, más de 76.000 módulos fotovoltaicos y una línea de evacuación de alta tensión de varios kilómetros. Su publicación en el BOE otorga al proyecto un estatus legal que facilita los trámites de expropiación y ejecución. Sólo tres días después, el jueves 9 de julio por la tarde, se declaraba un grave incendio forestal en la zona de Los Gallardos, que se extendió hacia Bédar y el entorno de Lubrín. El fuego calcinó más de 6.600 hectáreas, causó al menos doce víctimas mortales, numerosos heridos y la evacuación o confinamiento de cientos de personas. Lubrín fue confinado por el humo y el fuego se acercó peligrosamente a Antas, los mismos municipios vinculados al proyecto solar en el BOE.
Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el origen del incendio. La hipótesis principal que baraja la Guardia Civil apunta a un posible fallo en una infraestructura eléctrica cercana a la carretera N-340A, aunque las condiciones de calor extremo, viento y vegetación seca favorecieron su rápida propagación. Hasta el momento no se ha establecido ninguna relación oficial entre el proyecto fotovoltaico y el inicio del fuego. Sin embargo, la aprobación de placas solares en Lubrín y Antas ha reabierto el debate sobre la prevención y la compatibilidad entre proyectos energéticos y la protección del territorio en zonas de alto riesgo.
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El mismo 6 de julio, día de la publicación en el BOE, España disputaba un partido de octavos de final del Mundial 2026. La combinación de ambos hechos ¿pudo pasar desapercibida para gran parte de la opinión pública?. Mientras el parque solar «El Tranco» sigue su tramitación, las familias de las víctimas reciben apoyo de las administraciones y los equipos de extinción continúan trabajando en la zona afectada.
Prioridades energéticas frente a la protección del territorio
La sucesión de autorizaciones y fuegos obliga a una reflexión serena pero firme. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la transición ecológica en uno de los ejes de su acción política. Las declaraciones de utilidad pública y las autorizaciones administrativas previas aceleran la implantación de grandes parques fotovoltaicos. Sin embargo, cuando esas mismas resoluciones aparecen publicadas días o semanas antes de que el fuego arrase los municipios afectados, surge la pregunta inevitable: ¿se está midiendo con el mismo rigor el impacto ambiental de las placas que el riesgo real de incendio en comarcas ya castigadas por la sequía y el abandono rural?
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En Huelva, la autorización de junio precedió en un mes al incendio de 1.200 hectáreas. En Almería, la declaración de utilidad pública del 6 de julio precedió en tres días a un fuego que dejó doce muertos y miles de hectáreas calcinadas. En Madrid, proyectos de menor tamaño acumulan trámites en zonas que también están sufriendo incendios. Ninguna de estas coincidencias demuestra por sí sola una relación causal. Pero todas ellas documentan una aprobación de placas solares que no puede ignorarse.
La política energética no puede elaborarse al margen de la realidad del territorio. Declarar utilidad pública un parque solar facilita la expropiación y la ejecución, pero no elimina el riesgo de que el mismo suelo se convierta en combustible cuando las condiciones meteorológicas son extremas. La investigación abierta sobre el origen del incendio de Almería y el seguimiento del fuego de Huelva deben servir también para revisar si los procedimientos de autorización están incorporando de forma suficiente los criterios de prevención de incendios.
La urgencia por alcanzar objetivos de energía renovable no puede convertirse en una justificación para dejar en segundo plano la seguridad de las personas y la protección del monte. Los hechos del BOE y del Plan Infoca están ahí. Ahora corresponde a las autoridades explicar cómo se compatibilizan ambas prioridades.
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