La Sección de Instrucción de la Plaza 5 del Tribunal de Instancia de Segovia ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, del sargento primero Miguel Ángel Barbero, jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia, y de otras tres personas ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las detenciones se practicaron el martes en una operación dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil, coordinada con Asuntos Internos.
Según fuentes del TSJ de Castilla y León, Barbero está investigado, presuntamente, por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud —agravado por su condición de funcionario—, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. A los otros tres se les investiga también por blanqueo. La Subdelegación del Gobierno no espera más arrestos.
Prisión provisional para quien debía perseguir al narco
El tribunal habría aplicado la medida más gravosa —«prisión provisional, comunicada y sin fianza», — a quien hasta ahora encabezaba la unidad de élite contra el tráfico en la provincia. La causa judicial arrancó en abril de 2026. Que el mando del EDOA figure como investigado por los mismos tipos que su equipo tenía encomendado combatir obliga a preguntar qué supervisión real ejerce el Ministerio del Interior cuando un puesto tan sensible queda en entredicho.
El archivo de 2018 y el retorno al mismo despacho
El ingreso se produce más de nueve años después de que Barbero fuera detenido, en 2017, en otra investigación por narcotráfico, cohecho, revelación de secretos, pertenencia a banda criminal organizada y omisión del deber de perseguir la delincuencia. En julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo. El suboficial regresó entonces al frente del EDOA y siguió dirigiendo operaciones contra el crimen organizado hasta el arresto de esta semana.
El eco de Valladolid y el debate que el Gobierno elude
El episodio se suma al de diciembre de 2025, cuando el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid también quedó en prisión provisional por una operación antidroga. Dos mandos de la lucha contra la droga, en la misma comunidad, en menos de un año. Ni el PSOE que dirige Interior ni el PP que gobierna Castilla y León pueden presentar esto como un incidente aislado: o hay control sobre quienes ocupan esos puestos, o la propaganda de «seguridad» queda en papel mojado. Otras operaciones del Instituto Armado, como la que desarticuló el clan del Risitas, muestran lo que se puede hacer cuando la cadena de mando no está contaminada.
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