El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su obsesión por borrar la historia de España al remitir a los tribunales la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este 14 de abril de 2026 que el expediente está listo y que la Abogacía del Estado impulsará su disolución. Esta medida, impulsada bajo la controvertida Ley de Memoria Democrática, plantea un debate profundo: ¿es realmente legal cerrar una entidad privada que defiende una visión histórica distinta a la oficial?
El avance del Gobierno hacia la disolución
El proceso administrativo comenzó en junio de 2024 y culmina ahora con la firma de Urtasun, quien considera que la Fundación realiza “apología del franquismo” y “humilla a las víctimas”. Según el ministro, “vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”.
El Gobierno argumenta que la entidad no persigue fines de interés general y vulnera la dignidad de las víctimas del periodo histórico. La resolución rechaza las alegaciones presentadas por la Fundación y se apoya en la Ley de Fundaciones y en la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite extinguir entidades por exaltación del franquismo con menosprecio a las víctimas.
La decisión final recae en un juez de primera instancia, sin plazos fijos, aunque el Ejecutivo presiona para que sea rápida. Paralelamente, Cultura reclama casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación, considerándolos de carácter público.
En este contexto, recordamos que la Ley de Memoria Democrática ya ha sido criticada por sectores jurídicos y políticos por su sesgo ideológico y su ataque a la libertad de expresión. Ayer lo tratamos aquí La ley de memoria “democrática” sólo sirve al PSOE | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
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La defensa de la Fundación y el debate sobre la legalidad
La Fundación Nacional Francisco Franco, creada en 1976, siempre ha defendido su derecho a preservar y difundir la figura y obra de Francisco Franco. En sus comunicados, ha admitido abiertamente hacer “apología del franquismo” como “imperativo moral”, pero niega que ello implique humillación o incitación al odio contra nadie.
Sus responsables anuncian que agotarán “todos los resortes legales” para frenar esta disolución, que consideran un ataque a la libertad histórica y a la pluralidad de opiniones.
Desde una perspectiva jurídica, muchos expertos cuestionan si una ley que penaliza la exaltación de un periodo pasado puede prevalecer sobre el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e investigación histórica. Cerrar una fundación por sus ideas equivale a imponer una verdad oficial, algo propio de regímenes autoritarios que el propio Gobierno dice combatir.
Vox ha sido el único partido que ha rechazado sistemáticamente estas medidas, mientras el PP ha mostrado tibieza o incluso apoyo en algunos trámites, lo que evidencia su falta de firmeza frente al avance de la izquierda.
“En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”, declaró Urtasun. Sin embargo, esta frase revela el verdadero objetivo: no proteger víctimas, sino silenciar cualquier narrativa que no encaje en el relato oficial del Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
Consecuencias y el verdadero fondo ideológico
Este caso no es aislado. El Ejecutivo analiza también la posible extinción de otras fundaciones vinculadas a figuras históricas de la derecha española. Se trata de un patrón claro de persecución ideológica que utiliza las instituciones para imponer una memoria única y partidista.
Mientras el Gobierno gasta recursos públicos en exhumaciones y resignificaciones, ignora problemas reales como la corrupción, la inmigración descontrolada o la crisis económica que afecta a los españoles. La Fundación Franco, con su archivo documental, representa un contrapunto histórico incómodo para quienes quieren reescribir el pasado.
La verdadera humillación es usar el Estado para perseguir a ciudadanos por sus convicciones históricas, en lugar de respetar el pluralismo que debe caracterizar una democracia madura.
