La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se enfrenta a un procesamiento por cuatro delitos graves mientras la investigación europea avanza con fuerza sobre las adjudicaciones públicas que beneficiaron al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez Juan Carlos Peinado ha remitido documentación clave a la Fiscalía Europea, que examina posibles irregularidades en contratos financiados con fondos comunitarios. Esta nueva fase pone en evidencia las limitaciones de la Fiscalía española, que en múltiples ocasiones solicitó el archivo de la causa.
La estrecha relación entre Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés
Begoña Gómez y el empresario aragonés Juan Carlos Barrabés mantuvieron una colaboración profesional estrecha en torno a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Gómez firmó dos cartas de recomendación a favor de las ofertas presentadas por empresas vinculadas a Barrabés en concursos de Red.es.
Barrabés reconoció haber mantenido varias reuniones con Gómez, incluso en el Palacio de La Moncloa, y solicitó su ayuda para aspectos del máster. Estas cartas se emitieron poco antes de que su UTE obtuviera tres contratos públicos por un total de 10,6 millones de euros entre marzo y agosto de 2021.
“Las cartas avalaron directamente las propuestas que luego resultaron adjudicatarias”, según los informes de la UCO y la Intervención General del Estado.
Esta conexión no fue casual: Barrabés colaboró en el lanzamiento de la cátedra que codirigía Gómez, y las reuniones en dependencias oficiales generaron dudas sobre el uso del estatus institucional.
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Los cuatro delitos por los que el juez Peinado procesa a Begoña Gómez
El magistrado ha cerrado la instrucción y propone juzgar a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Tráfico de influencias: Se investiga si Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para influir en la adjudicación de contratos públicos a favor de Barrabés mediante las cartas de recomendación.
Corrupción en los negocios: Su rol en la cátedra de la Complutense habría servido presuntamente para obtener beneficios irregulares en el ámbito privado.
Apropiación indebida: Se le acusa de registrar a su nombre un software de sostenibilidad desarrollado con fondos y recursos de la universidad pública para la cátedra que codirigía.
Malversación: El juez aprecia indicios de uso indebido de recursos públicos, incluyendo la dedicación de personal retribuido por Presidencia del Gobierno en tareas privadas.
También se procesa a su asesora María Cristina Álvarez por los mismos delitos y a Barrabés por tráfico de influencias y corrupción. La Fiscalía ha insistido en pedir el archivo, pero el juez Peinado ha mantenido la causa adelante con base en informes de la Guardia Civil y Hacienda. La asesora de Moncloa posó en el vídeo del máster de Begoña Gómez | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
“No se puede negar la existencia de indicios sólidos cuando múltiples organismos detectan anomalías”, señalan fuentes judiciales consultadas.
Irregularidades detectadas en los contratos de Red.es y el papel de la Fiscalía Europea
La UCO detectó indicios de manipulación en los concursos, mientras la Intervención General del Estado (IGAE) identificó una docena de irregularidades: inflación de criterios subjetivos, valoración indebida por la Mesa de Contratación (que no era competente), posible fraude de ley y uso de acuerdos falseados para mejorar ofertas. El peso de los criterios no evaluables superó el 57%, incumpliendo la normativa que exige comité de expertos independiente.
La Fiscalía Europea, competente por tratarse de fondos del Fondo Social Europeo, ha acelerado la investigación y requirió al juez Peinado el expediente completo, incluyendo el informe de la UCO del 14 de mayo de 2024 y el de Hacienda del 30 de mayo de 2024. El magistrado ordenó: “Procédase a dar cumplimiento a lo interesado”.
Los socialistas, en lugar de respetar el trabajo judicial, han lanzado una campaña de descrédito contra el juez Peinado. ¿Pueden los socialistas negar los hechos?. Este hombre no se lo está inventando: si hay indicios claros documentados por la Guardia Civil y por Hacienda. Los informes técnicos desmienten cualquier persecución política y demuestran que la separación entre lo público y lo privado se difuminó peligrosamente en Moncloa y en la Complutense.
