El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha abierto diligencias previas para aclarar si inmigrantes llegados en el asalto del 30 de julio adquieren material destinado a explosivos caseros. El auto del 9 de septiembre ordena a la Policía Nacional un informe sobre las ventas anómalas de aguafuerte y papel de aluminio detectadas a finales de agosto.
El magistrado no fija aún el delito
El instructor exige identificar a los compradores y, si hubiera relevancia penal, practicar pericial sobre las sustancias. Hasta que conste ese informe, no concreta el tipo delictivo. En el auto insiste en que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido» procede incoar diligencias, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La resolución deja abierta la subida a la Audiencia Nacional si aparecen indicios de terrorismo. Moncloa sigue vendiendo la crisis como un episodio controlable, pese a la entrada masiva.
Compras de material para explosivos caseros y el ataque en Weil
La denuncia del 29 de agosto la presentó Luis Alvise Pérez (Se Acabó La Fiesta) después de que se lanzaran botellas con aguarrás contra una concentración vecinal en la colonia Weil y Villajovita. El 28 de agosto un comercio alertó de una adquisición masiva e inusual de aguafuerte —ácido clorhídrico de uso doméstico— y rollos de aluminio por un grupo numeroso de origen marroquí, acompañado por miembros de una ONG. Introducidos en botellas de plástico, esos productos provocan deflagración y gases, en un mecanismo similar al del cóctel molotov. También se han señalado compras de acetona. SALF apunta a los artículos 568 y 557 del Código Penal.
Activistas en el foco y un Gobierno que minimiza
Fuentes policiales han señalado presuntamente a voluntarios de No Name Kitchen en esas compras. El 23 de agosto dos de sus miembros fueron detenidos en la playa de Benítez por resistencia y por «alentar a grupos violentos». Días después, una activista francesa fue condenada a multa por agredir a un agente. El Ejecutivo y la izquierda han restado gravedad a la inseguridad, igual que con el hacinamiento y el riesgo sanitario en la ciudad. La venta libre no explica un acopio coordinado en volúmenes ajenos a cualquier uso doméstico razonable.
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