Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio con jurado popular contra dos procesados por el asesinato de Ebrahim Buzhu, conocido como el 'carnicero de Ámsterdam'. La Fiscalía acusa a ambos de un crimen a sangre fría que pone de manifiesto las graves fallas en la protección de testigos y la infiltración de redes criminales internacionales en suelo español.
El brutal ajuste de cuentas en Chiclana
El 15 de enero de 2022, en un carril rural del Pago del Humo en Chiclana de la Frontera, los acusados presuntamente ejecutaron a Buzhu con un disparo a bocajarro en la sien izquierda mientras viajaba como copiloto en un Kia Sportage alquilado en Málaga. La bala atravesó el cráneo, destruyendo masa encefálica y causándole la muerte instantánea. Superado en número e intimidado por el arma, la víctima no tuvo oportunidad de defenderse.
Tras el crimen, los agresores abandonaron el cadáver en una zona oculta junto a cañas y, horas después, incendiaron el vehículo con gasóleo en un polígono industrial cercano para borrar evidencias. Desconectaron sus móviles para evitar rastreos. Vecinos que paseaban por la zona descubrieron el cuerpo y alertaron a las autoridades. La Guardia Civil, en el marco de la operación Stoom, detuvo a cinco personas en junio de 2022; dos de ellas permanecen en prisión provisional.
“Dispararon a Ebrahim en la sien izquierda cuando se encontraba sentado en el asiento del copiloto”, detalla el escrito de calificación fiscal. Este asesinato a sangre fría refleja la violencia importada por organizaciones que operan con total impunidad en la Costa del Sol y Cádiz.
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Un testigo protegido abandonado a su suerte
Ebrahim Buzhu, holandés de origen marroquí, había colaborado con la justicia neerlandesa revelando actividades de la Mocromafia, una red de origen marroquí y argelino dedicada al tráfico de cocaína y hachís entre Países Bajos y Bélgica. Su testimonio fue clave para encarcelar a Ridouan Taghi, jefe de un “supercártel” condenado a cadena perpetua.
Tras declarar en 2015, Buzhu huyó a España por miedo a represalias y se estableció en la Costa del Sol. Sin embargo, las autoridades españolas no lograron garantizar su seguridad. La víctima vivía con un “precio por su cabeza” y llevaba años huyendo, según expuso la defensa en los primeros compases del juicio.
Este caso desnuda la debilidad del sistema de protección de testigos en España y cómo las mafias extranjeras extienden sus tentáculos sin que los sucesivos gobiernos —tanto del PSOE como del PP— hayan tomado medidas reales para frenar la narcoinvasión. Mientras se blanda la mano con delincuentes, quienes colaboran con la justicia pagan con su vida.
28 años de cárcel y un debate pendiente sobre la lucha contra el crimen organizado
La Fiscalía solicita para cada acusado 28 años de prisión: 23 por asesinato, 3 por daños mediante incendio y 2 por tenencia ilícita de armas. Además, reclama indemnizaciones de 130.000 euros para la viuda, 122.000 para el hijo y 20.000 para la hermana de la víctima.
Los procesados se acogieron a su derecho a declarar en último lugar. El jurado popular deberá determinar si se trató de un “asesinato por encargo” de la Mocromafia.
“Es conocido que sobre la víctima había un precio por su cabeza y que llevaba tiempo huyendo de la mafia holandesa”, argumentó la defensa. Este juicio no solo debe condenar a los ejecutores materiales, sino abrir un debate serio sobre la infiltración del crimen organizado en España, la ineficacia de las políticas migratorias laxas y la necesidad de mano dura frente a estas redes que desafían la soberanía nacional.
Resulta intolerable que España se convierta en patio trasero de mafias extranjeras mientras el Gobierno y el PP miran hacia otro lado. La seguridad de los ciudadanos y de quienes colaboran con la justicia debe ser prioridad absoluta. ¿En manos de quién estamos?
