El tribunal correccional de Namur ha dejado a un padrastro condenado a 17 años de prisión por la paliza que propinó en julio de 2025 a su vecino, Marc P., al que acusó de presuntamente abusar sexualmente del menor de seis años que tenía a su cargo. El agredido, con antecedentes por hechos similares y en libertad condicional, permanece en estado vegetativo. La sentencia, leída el 20 de agosto de 2026, ha generado una oleada de rechazo en Bélgica y obliga a preguntar qué clase de Estado encierra al progenitor y deja suelto a quien ya había sido condenado por atentar contra un niño.
Un padrastro condenado a 17 años tras los hechos de Jambes
Los hechos se produjeron el 24 de julio de 2025 en Jambes. Según ha trascendido, el menor acudió días antes al domicilio del vecino, aparentemente para jugar a videojuegos con otros niños. Grégory Lenoci, de 49 años, sostiene que lo encontró a solas con Marc P. y que el propio niño relató una agresión sexual. El padrastro acudió a la policía. Después convocó al vecino en su casa «para pedirle explicaciones». Allí le propinó una paliza de extrema violencia, le provocó daños cerebrales graves y difundió imágenes del ataque.
Marc P. no era un desconocido para la justicia. Había sido condenado en 2020 por abusar de otro menor de cinco años y tenía prohibido permanecer a solas con niños. Pese a esa condena, estaba en libertad condicional cuando se produjeron los hechos del verano de 2025. Esa secuencia —antecedente, supervisión fallida y nueva denuncia— es el núcleo del escándalo: el Estado conocía el riesgo y no lo cortó a tiempo.

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Namur habla de premeditación y rechaza la «fuerza irresistible»
La defensa pidió la absolución. Argumentó que Lenoci actuó arrastrado por una «fuerza irresistible» tras el relato del menor. El tribunal no lo aceptó. Calificó el ataque de premeditado, con intención de matar, porque el acusado concertó la cita, denunció antes a la policía y grabó parte de la agresión. También ponderó la «extrema violencia» y los antecedentes penales del propio Lenoci, reincidente en varios delitos. La Fiscalía pidió 17 años; la sala los impuso e incorporó diez años más a disposición del tribunal de ejecución de penas.
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Lenoci explicó su reacción por la ira «ante la presunta inacción de la policía», pese a las denuncias. En una vista anterior llegó a decir: «Fue en ese momento cuando perdí el control», y atribuyó lo ocurrido a «la lentitud de la justicia». El derecho no autoriza a tomarse la justicia por la mano. Eso no borra la pregunta política: ¿Qué valor tiene una denuncia si el reincidente sigue en el barrio? Quienes prometen «mano dura» desde el centro-derecha y luego administran el mismo relajamiento penal que la izquierda dejan a las familias solas. El debate no es el linchamiento; es por qué un condenado por abusos a un niño de cinco años volvió a estar cerca de otro de seis.

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La sentencia que cuestiona la protección de los menores
Al leerse el veredicto, decenas de asistentes gritaron que aquello era «justicia para los pedófilos». Fuera del edificio, unas cincuenta personas se concentraron con pancartas de apoyo al condenado. No es un capricho de galería: es el síntoma de una Europa que prioriza el expediente del agresor sobre la integridad del niño. Bélgica, como España, arrastra una cultura jurídica que diluye la peligrosidad, multiplica las condicionales y convierte al protector en reo cuando estalla la cólera.

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