La magistrada Pepa Tarodo cierra la instrucción del caso Azud y sostiene que el PSPV-PSOE percibió un peaje electoral del PSOE superior a 484.000 euros para «inyectar dinero» en la campaña de 2007. El auto procesa a 38 personas y acredita 120.004 euros a la empresa que editó el programa autonómico socialista.
El peaje electoral del PSOE y el pacto con Acuamed
En la resolución, Febrer, del Grupo Axis, «tuvo muy en cuenta y le quedó claro que habría un peaje que pagar» a cambio de que Acuamed —dependiente del Gobierno de Zapatero— asumiera el coste de ampliar una desaladora. La juez sitúa reuniones con el abogado José Luis Vera y con José Cataluña, exfinanzas del PSPV, «porque no ostentaba cargo orgánico» y «podía actuar con total libertad». El pacto se cifró en 484.480 euros a cinco empresas de actos electorales.
El dinero se canalizó, según el auto, por Gigante Edificaciones y Obras, de Joaquín Pastor Rico, «para inyectar dinero a la campaña del PSOE».
120.004 euros a la imprenta del programa
Gigante habría abonado el 22 de mayo de 2007, cinco días antes de las urnas, 120.004 euros a Industria Gráfica Valenciana (Ingraval) por «Edición de material para campañas publicitarias». Esa misma firma editó el programa autonómico del PSOE por 19.000,18 euros: lo único que el partido declaró con esa empresa. En 2017, Ingraval figuró insolvente en el BORME.
Prescripción del tesorero y 38 encausados
En julio, a petición de Anticorrupción, se archivó por prescripción la pieza contra Cataluña. Febrer queda acusado de presunto cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, blanqueo, delito fiscal y falsedad.
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Alfonso Grau se desvincula y apunta a «los socialistas» de 1999
La defensa de Grau —investigado con sus hijas y acusado en hasta ocho tramas— pide el archivo y alega prescripción del cohecho y el blanqueo. Sobre la operación colegios (deuda con congregaciones a cambio de parcelas; el Ayuntamiento perdió 14 millones, según la investigación), el letrado Jesús Bonet replica: «La sentencia del Tribunal Supremo es de 30 de septiembre de 1999, gobernando el Ayuntamiento de Valencia del Partido Socialista». Añade que Grau solo recibió competencias en 2006, «con instrucciones de la alcaldesa» de cortar una deuda que superaba los 35 millones.
